La Fundación Chadileuvú (Fuchad) expuso ayer ante el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) sobre la demanda que presentó contra el Estado Nacional y la provincia de Mendoza por los daños que ocasionó a La Pampa el corte del río Atuel. La presentación se realizó en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), frente a un auditorio colmado de pampeanos, pero sin representantes de las partes acusadas. La sentencia del jurado se dará a conocer el viernes a las 15.30.
La exposición estuvo a cargo de dos integrantes de la Fuchad, su presidente, Héctor Gómez, y Walter Cazenave, y del diputado provincial del radicalismo, Martín Berhongaray, quienes plantearon que desde comienzos de 1900 el caudal del río Atuel ha sido sistemáticamente reducido y que la situación se agudizó con la construcción de la represa El Nihuil en 1947.
Desde entonces, se detuvo la escorrentía permanente y la interrupción del cauce afectó la disponibilidad hídrica para consumo humano y para su uso productivo, y causó graves daños ambientales que han contribuido a la desertificación de la provincia, a la pérdida de su biodiversidad y a su despoblamiento.
Según indicaron los denunciantes, a pesar de que en 1987 la Corte Suprema de Justicia resolvió la "interprovincialidad" del río y exhortó a Mendoza a que realizara obras para mejorar la eficiencia del riego, la provincia cuyana se negó a cumplir con esa determinación. Además, la Fuchad denunció el incumplimiento de numerosos tratados interprovinciales.
Por esta razón, los demandantes solicitaron al tribunal que recomiende al Estado Nacional la fiscalización y el efectivo cumplimiento de la ley sobre Régimen de Gestión Ambiental de Aguas, la creación y supervisión de un Comité de Cuenca Hidrográfica del Atuel, la reglamentación y garantía de la ley 25.675 para la gestión sustentable y la aprobación de presupuestos de infraestructura hidráulica en Mendoza para mejorar la eficiencia de riego en la provincia y lograr excedentes de agua destinados a la Pampa, tal como se acordó en previos tratados interprovinciales.
Por su parte, el legislador provincial y presidente de la Comisión de Ríos Interprovinciales, el justicialista Juan Pablo Morisoli, informó al auditorio que la jornada había sido declarada de interés legislativo por la Cámara de Diputados de La Pampa y compartió la resolución con los miembros del jurado.
El presidente del TLA, Javier Bogantes, anunció que el jurado analizará el petitorio y los argumentos esgrimidos por los pampeanos, así como también la carta envidada por el ministro de Infraestructura y Energía de Mendoza, Rolando Baldasso (ver página 11), y emitirá una sentencia el viernes a las 15.30 también en el Aula Magna.
Además de los expositores, estuvieron presentes el senador nacional Juan Carlos Marino; diputados provinciales; integrantes de la Fuchad; habitantes de Santa Isabel y Algarrobo del Águila, dos de las localidades más afectadas por el corte del río, y jóvenes socialistas y radicales; entre otros.
El público presente, a lo largo de toda la audiencia, realizó manifestaciones eufóricas -con cánticos y aplausos- para acompañar a cada uno de los expositores y, una vez concluida la sesión, entonó el himno.
"El origen fue El Nihuil".
El primero en subir al estrado fue el presidente de la Fuchad, Héctor "Cacho" Gómez, que expuso los siguientes fundamentos:
* Antes de 1947, aunque ya había sido levemente sangrado, el río Atuel corría por un cauce pampeano y en su alrededor había extensos humedales y lagunas. Esto permitía el desarrollo de una amplia biodiversidad en zona, así como también que los pobladores del lugar pudieran llevar una vida de trabajo productiva. Con la construcción de la represa El Nihuil dejó de transitar su cauce y de ahí en adelante fue un río ausente. El resultado es un cauce seco, degradado en sal e invadido por tamariscos y otras especies perjudiciales. Se produjo un notable deterioro del ecosistema. Además, disminuyó significativamente la población y perjudicó las economías domésticas regionales.
* El origen fue la decisión política del Estado Nacional de financiar y construir la represa El Nihuil. Fue un acto irregular porque el Estado carece de derecho para ese despojo y agravado porque en aquel entonces La Pampa era un territorio nacional y carecía de gobierno propio, por lo que sus gobernantes eran meros delegados del Poder Ejecutivo central, y no tenían forma de defender sus propios recursos.
* Constituye un atentado contra el interés público por parte del Estado Nacional la no reglamentación de la ley 25.688 y la reglamentación parcial de la ley 25.675, que podrían comenzar a remedir algunos aspectos del conflicto como, por ejemplo, la conformación de la Comisión de Cuenca Hidrográfica del Río Atuel y determinar los presupuestos mínimos para una gestión sustentable y adecuada del caudal.
* La eficiencia de riego de Mendoza es de sólo un 27 por ciento, según estudios que surgen de su propio Departamento General de Irrigación. Esto significa que cada 100 litros de agua, desperdician 73. Esto se debe a que el sistema de riego es obsoleto e inadecuado.
* La situación de la desaparición de un tramo del río interprovincial y el apoderamiento ilícito de las aguas supone el incumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional.
Gómez, además, exhibió una presentación de power point en la que mostró, a través de imágenes y gráficos, el contraste entre el cauce del río Atuel en La Pampa y en Mendoza.
"Se perdió la memoria".
A continuación fue el turno del otro representante de la Fuchad: Walter Cazenave, quien amplió la descripción de los aspectos y las consecuencias geográficos, sociales y culturales de la interrupción del cauce del río en disputa. ¿Qué dijo?
* La cuenca del río Atuel se encuentra dentro de la franja árida del país y el Atuel es el afluente más meridional de la región. Antes de ser alterado, atravesaba y daba vida a una vasta extensión del desierto cuyano-pampeano. Con la interrupción del cauce los tres grandes brazos del Atuel -Atuel viejo, Arrroyo Butaló y Arroyo de la Barda- y otros menores, fueron desapareciendo.
* Según el censo nacional de 1905 la población de General Alverar en Mendoza era de 3.300 habitantes, mientras que en Chadileo, en La Pampa, era de 3.000 o 3.100. De acuerdo a la Unesco, con un crecimiento demográfico del 3,5 por ciento anual, la población debería duplicarse cada 20 años. Sin embargo, actualmente, según en censo de 2010, General Alvera cuenta con 170.000 habitantes y Santa Isabel con 4.000.
* La involución económica, demográfica y ecológica va acompañada por una involución cultural, como consecuencia de que, después de tres generaciones sin agua, se perdió la memoria del río. Esto se pone de manifiesto, por ejemplo, con la construcción de la ruta provincial 14, al borde del bañado de Algarrobo del Aguila, dado se trazó cuando la zona ya estaba seca.
Una larga historia jurídica
El último expositor ante el TLA fue el diputado provincial Martín Berhongaray. El legislador se encargó de los aspectos jurídicos de la demanda, apoyándose en los antecedentes "de hecho y de derecho que fundan la responsabilidad compartida del Estado Nacional y la provincia de Mendoza" en el deterioro del oeste pampeano. A continuación, sus frases más salientes:
* En 1949 el Gobierno Nacional dictó la resolución 50/49 de la Dirección de Agua y Energía Eléctrica de la Nación, que obligó al gobierno mendocino a efectuar tres sueltas anuales de siete días de duración cada una. A pesar que ello implicaba sólo el 2,5 por ciento del derrame anual del río Atuel, Mendoza se negó terminante a perder cualquier caudal. Hasta 1992, la Dirección de Agua y Energía Eléctrica continuó operando la represa y omitiendo así la propia resolución que había sancionado.
* El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 1987 declaró que el río es interprovincial -condición que, hasta ese momento, la provincia cuyana venía negando- y ordenó que se regule la utilización del agua de forma compartida, respetando los usos consuntivos de Mendoza que fijó en 75.671 hectáreas, cifra que el máximo órgano judicial del país encontró razonable en aquel momento histórico pero que no se ajustan a la actualidad. Además, en esa resolución la CSJ advirtió la ineficiencia en el sistema de riegos de la provincia vecina y solicitó que sea mejorado.
* En 1989 se firmó un Protocolo de Entendimiento Interprovincial, que creó la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI), que tenía por objeto ejecutar acciones para mejorar la oferta hídrica y así poder regar más, y concretar acciones para satisfacer las necesidades de aprovisionamiento de las poblaciones ubicadas en el área. La CIAI sesionó sin éxito durante 20 años, siempre limitada por la negativa mendocina.
* Mendoza y La Pampa suscribieron, en 1992, con el Estado Nacional, un acuerdo por el cual la provincia cuyana se comprometía a entregar agua potable suficiente para satisfacer la demanda de uso humano de las localidades pampeanas de Santa Isabel y Algarrobo del Aguila. Fue en ese documento que por primera vez Mendoza reconoció el carácter interprovincial del río Atuel. Además, por ese tratado, La Pampa aceptó la transferencia del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles a favor de Mendoza.
* En 2008 se firmó un nuevo convenio marco entre los tres estados, en el cual se establece que Mendoza elaborará los proyectos ejecutivos para las obras de impermeabilización de canales, para poder transportar el mayor caudal que estará destinado a La Pampa, y señala que ambas provincias compartir en partes iguales la mayor disponibilidad de agua que resulte de las obras proyectadas. A su vez, determina que, a partir de la fecha de suscripción, Mendoza debe asegurar un mínimo de escorrentía permanente en el límite interprovincial, algo que ha incumplido.
El "botellazo" se hizo sentir
El reclamo por el río Atuel llegó también al centro porteño, donde miembros de la Asamblea por los Ríos Pampeanos y habitantes de la provincia realizaron ayer una manifestación frente a la Casa de Mendoza, con el objetivo de despertar la conciencia sobre los daños que provoca el corte del afluente.
El epicentro de la jornada estuvo protagonizado por el anunciado "botellazo": al grito de "que se escuche hasta Mendoza", alrededor de 120 pampeanos -en su mayoría de Santa Isabel, Realicó, General Pico, Santa Rosa y Algarrobo del Águila- golpearon las botellas de plástico hasta producir un ruido ensordecedor en la esquina de las avenidas Callao y Corrientes, a cuatro cuadras del Congreso. Luego, arrojaron los recipientes al otro lado del vallado dispuesto por la Policía Federal, cuyos efectivos protegían el edificio de la provincia cuyana.
La movilización propuso momentos artísticos con la presentación de cuatro parejas del grupo "Pampa y Caldén", que se lucieron bailando huella, gato, ranchera y zamba. Además, se realizó un recital desde la parte trasera de un camión, en el que se recrearon "clásicos" del folclore regional. El primer tema en sonar fue la simbólica "Zamba del río robado", de Manuel Castilla. Bombos y redoblantes así como también extensas banderas -con mensajes que acompañaban el reclamo- le dieron colorido a una calurosa tarde, en pleno pulmón de la Capital Federal.
Durante la manifestación se dio a conocer que el jueves pasado la Legislatura porteña había declarado de "interés ambiental y social" para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el festival por el río Atuel. Así lo anunció tímidamente, desde el micrófono, el diputado del Partido Socialista Auténtico, Adrián Camps, quien contó que siente "una gran simpatía La Pampa" porque su esposa es de General Pico y tiene cuatro sobrinos pampeanos,y que en numerosas ocasiones, cuando viajó a Santa Rosa, compartió algunos cafés con el fundador de LA ARENA, Raúl D'Atri. Además, relató cómo un día, camino a Bariloche, se detuvo en una hostería y allí le enseñaron de qué se trataba el conflicto por el río Atuel.
El botellazo de ayer representa un hecho inédito en la lucha por la recuperación del río Atuel, ya que es la primera vez que se corta una calle en Buenos Aires y se lleva a cabo una manifestación por el tema en la capital del país.
Mendoza dice que el reclamo pampeano es "falaz y falso"
Tanto el Estado Nacional como Mendoza no enviaron representantes para disertar en la audiencia del Tribunal Latinoamericano del Agua. Sin embargo, el ministro de Infraestructura y Energía de la provincia cuyana, Rolando Baldasso, envió una carta -que fue leída por el presidente de la TLA, Javier Bogantes-, donde acusó a la Fundación Chadileivú por presentar una demanda "carente de fundamento legal, de solidez técnica y de veracidad".
Particularmente, Baldasso señaló que la denuncia de la Fuchad "resulta falaz, falsa y malintencionada", ya que "sus representantes desconocen, ignoran o minimizan" que Mendoza ha manifestado la voluntad política de avanzar en un acuerdo entre las dos provincias. Según el ministro, se han mantenido reuniones periódicas entre autoridades de ambas partes y el Estado mendocino ha expresado su intención de "proveer un caudal mínimo permanente de escurrimiento con destino a la Provincia de La Pampa", tal como se establece en el convenio firmado por ambos distritos en 2008. No obstante, aclaró, ese tratado aún no se ha llevado a la práctica porque "está sujeto a la aprobación de la Legislatura provincial".
Frente a este argumento, el diputado pampeano Martín Berhongaray replicó que la ratificación legislativa se realiza para "hacer efectiva la asistencia financiera del Estado Nacional", pero que de ninguna manera ello exime a Mendoza de cumplir con el acuerdo dado que "no existe ninguna norma de derecho interno en la legislación argentina que diga que para que un convenio entre dos o más provincias entre en vigencia es necesaria dicha ratificación".
Fuente: La Arena