Tribunal Latinoamericano del Agua

Fundación Chadileuvu

Atuel: ¿qué le preguntó el TLA a la Fuchad?

Los tres representantes de la Fundación Chadileuvú se lamentaron que Mendoza no concurriera a la audiencia para provocar un debate público. "Quedó en la postura de que 'el que calla, otorga'", dijo Cazenave.

(Buenos Aires / Corresponsalía) El Tribunal Latinoamericano del Agua quiso saber qué postura tiene el gobierno pampeano frente al conflicto con Mendoza por el río Atuel, porqué el fallo de la Corte de 1987 no tuvo un efecto inmediato, cuál es la afección social que causa y qué rol han jugado los medios de comunicación, entre otras cuestiones.
Los tres expositores de la Fundación Chadileuvú -la entidad que demandó a Mendoza y a la Nación por las aguas del Atuel- dieron respuestas el lunes a esas inquietudes, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. También, después de la audiencia, hablaron con LA ARENA y mostraron sus sensaciones.
"Entiendo que el caso fue presentado con absoluta claridad. Se expusieron los argumentos de hecho y de derecho que fundan la injusticia a la que viene siendo sometida la provincia desde hace más de medio siglo, por lo que esperamos confiados la resolución que pueda adoptar el TLA, que si bien no tiene efectos vinculantes sabemos que a nivel internacional tiene un peso específico muy considerable", señaló Berhongaray.
En tal sentido, añadió que "sin dudas un fallo favorable va a poder ser utilizado por La Pampa para un posterior reclamo judicial con los organismos nacionales".
El trío de expositores destacó como uno de los puntos más relevantes de la jornada el acompañamiento de una cantidad importante de pampeanos. "Estoy sorprendido por el entusiasmo de la gente, el apoyo de la 'hinchada' nos ayudó mucho", comentó Cazenave, y a continuación agregó: "Me alegra la toma de conciencia de un amplio sector de la gente. En el Aula Magna hubo personas que hicieron casi mil kilómetros para venir y escucharnos".

Apenas el envío de una carta.

La ausencia de representantes de Mendoza y de Nación, como partes acusadas, no pasó inadvertida en los integrantes de la delegación pampeana. "Es una lástima que no estuvieran, me hubiera gustado que vinieran para intentar refutar nuestros argumentos", expresó el presidente Gómez. En esa línea, Cazenave acotó: "Si bien esto deja a Mendoza en la postura de que 'el que calla otorga', hubiera sido interesante que además de exponer lo nuestro, expusieran lo de ellos, y debatiéramos".
Berhongaray entendió que "era de suponerse la inasistencia" de los demandados debido a que "no tienen argumentos jurídicos para sostener el atropello que vienen realizando hace años en lo que hace al aprovechamiento del río Atuel".
Durante la audiencia del lunes del TLA, la única defensa a la que apostó Mendoza fue una carta enviada por el ministro de Infraestructura y Energía mendocino, Rolando Baldasso, en la que calificó de "falaz, falsa y malintencionada" la demanda erigida por la Fuchad.
"Ellos dicen que nuestras exposiciones son mentiras, cuando, en realidad, están totalmente documentadas con datos oficiales", replicó Gómez. Cazenave, por su lado, se mostró disgustado porque el documento "roza el agravio" y, porque "podrían haber puesto distancia sin necesidad de caer en eso".
El encargado de responder a las acusaciones fue Berhongaray: "Creo que contestamos acabadamente cada una de las afirmaciones, muchas de las cuales son caprichosas y antojadizas, y no coinciden con lo que establece la normativa constitucional vigente en nuestro país".

Las inquietudes del jurado.

Las respuestas a la carta de Baldasso no se agotaron en las declaraciones públicas, ya que durante la audiencia los representantes de la Fuchad fueron invitados por el Tribunal a responder a las inquietudes que mostraron los miembros del jurado.
- ¿Cuáles son las principales violaciones por omisión por parte del Estado Nacional argentino, particularmente en lo que tiene que ver con herramientas políticas, jurídicas y jurisdiccionales?, interrogó el TLA.
- El Estado nacional fue el tutor del territorio nacional de lo que hoy es La Pampa y lo fue durante alrededor de veinte años más, cuando se interrumpió, en la Argentina, el orden constitucional. En ese período no ha hecho absolutamente nada para contrarrestar la desertificación y para mejorar la suerte de los pobladores que viven el oeste de la provincia.
Además ha financiado, en la década del '40, la construcción de las usinas hidroeléctricas El Nihuil y consintió la explotación unilateral del río por parte de Mendoza. El gobierno nacional, operó la represa hasta 1992, cinco años después de que la Corte Suprema de Justicia determinara el carácter interprovincial del río. Además no ha acatado la resolución 50/49 (1949) y ha omitido reglamentar la ley 25.688 (2002). Se trata de dos normas que favorecerían un avance en la resolución del conflicto.
- ¿Cuál es la afección social del conflicto en La Pampa?
- Creemos que la presencia masiva de la delegación que proviene del área en conflicto, como Santa Isabel y Algarrobo del Águila, es un indicio de la repercusión que tiene el corte del agua en la población de la provincia. Otro aspecto perjudicial es que la gente que vive en el campo no tiene acceso a agua dulce, por lo que tiene que optar por hacer pozos y tomar el agua de ahí. Eso puede traer graves consecuencias a la salud; así como también ocasiona graves perjuicios al sostenimiento de la economía doméstica regional. Desde el punto de vista cultural, por si fuera poco, esta situación conlleva al "olvido del río".
Por otra parte, un gran número de habitantes ha tenido que desplazarse e instalarse en los cinturones de localidades como General Alvear, en Mendoza, y Santa Rosa, General Acha y General Pico, del lado pampeano. De esta manera, el oeste de la provincia se va despoblando.
- ¿Cuál ha sido el nivel de participación ciudadana, el papel de los medios de comunicación en visibilizar la situación y el acceso de toda la ciudadanía a la información en materia ambiental?
- La toma de conciencia y la participación de la ciudadanía ha sido enorme, como se demuestra con la presencia de tantos pobladores en este auditorio. En cuanto a los medios de comunicación, han venido mostrando un alto nivel de interés en el tema, no sólo desde el punto de vista periodístico, sino también como portavoces del reclamo y representantes del clamor popular.
Tal vez, el mayor problema se encuentre en el acceso a la información pública, que no suele ser la regla. En especial, no rige esta cuestión en lo que respecta, por ejemplo, a las reuniones que se han concertado entre autoridades de La Pampa y de Mendoza y, en consecuencia, se terminan ofreciendo versiones contradictorias.

Caudal, PEP y fallo.

- Desde el punto de vista jurídico, ¿el caudal mínimo permanente está legalmente definido?, ¿el régimen de gestión ambiental del agua determina que la unidad de gestión sea la cuenca?
- No existe una determinación jurídica del caudal mínimo permanente. Sin embargo, un estudio encargado por la provincia a la Universidad Nacional de La Pampa -del que fueron invitados a participar Mendoza y la Nación- define un caudal ecológico.
Por otra parte, en relación a la cuenca como unidad de gestión, la ley nacional 25.688, que no ha sido reglamentada por el Poder Ejecutivo Nacional, señala que las cuencas hídricas como unidad ambiental de gestión del recurso se consideran indivisibles, así como también crea, para las cuencas interjurisdiccionales, los comités de cuencas hídricas con la misión de asesorar a la autoridad competente en materia de recursos hídricos y colaborar en la gestión ambientalmente sustentable de las cuencas hídricas.
- ¿Cuál es la posición del Poder Ejecutivo de La Pampa frente al conflicto?
- El Poder Ejecutivo pampeano hace ya un par de años que viene sosteniendo reuniones con el gobierno mendocino, así como también con el Estado Nacional en busca de soluciones. Además, ha difundido ampliamente la problemática de diversas formas.

Fuente: La Arena