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Fundación Chadileuvu

Es la Obra del siglo ?

Leer más...La construcción de la represa y central hidroeléctrica (más obras conexas) de Portezuelo del Viento ha sido presentada como la “obra del siglo” y una solución casi mágica para los problemas económicos, sociales y financieros que arrastra Mendoza. A los malargüinos se les promete una especie de paraíso, aunque para ello tengan que literalmente borrar del mapa a Las Loicas y sus pobladores, amén de destruir los caminos de trashumancia de los productores caprinos.                                        

Simplificando términos técnicos y redondeando números, digamos que nuestra provincia −endeudada en 1.000 millones de dólares (MD), y que en épocas de vacas no tan flacas como las actuales dispone de unos 100 MD anuales para obras de infraestructura− recibirá 1.000 MD en cuotas trimestrales desde 2019 hasta 2024.                    

El origen de los fondos está claro: un arreglo extrajudicial entre la Nación y Mendoza como compensación por los daños ocasionados por la promoción industrial de provincias vecinas. Pero el destino ha desatado una tormenta política. ¿Es un problema de los gobiernos, los políticos, los empresarios? ¿O debemos incorporarnos al debate las organizaciones sociales, los movimientos populares, los sindicatos, las cooperativas, los militantes, los vecinos y vecinas de a pie ?
 
Como ocurrió con la ley 7722, lo que está en discusión es el modelo de desarrollo provincial y el sistema socioeconómico que desde hace décadas exhibe pocos y concentrados ganadores (un puñado de bodegueros integrados; grupos financieros; hiper y supermercados; entre otros) y muchísimos perdedores (trabajadores estatales y privados, precarizados y desocupados, pequeños productores agrarios, minipymes, etc.) dispersos desde Lavalle hasta Malargüe.            

La propaganda oficial habla de energía eléctrica, pero no son KW para resolver necesidades locales sino que ingresarán al sistema interconectado. Es decir, dinero de Mendoza para una obra nacional. Se mencionan miles de hectáreas irrigadas, pero no pertenecen a nuestra geografía. No habrá trasvase de aguas al río Atuel para mejorar la producción eléctrica de Los Nihuiles y aportar riego a  productores del oasis Sur. Todos los estudios y pronósticos hídricos confirman que los caudales del río Grande han disminuido prácticamente a la mitad. ¿Cuánto tardará en llenarse la represa? ¿Cuándo podrá producirse energía?
 
Mientras nos hacemos estas y muchas preguntas más, la mayoría de los habitantes provinciales padecen la peor crisis que recordemos. Porque no veníamos muy bien y apareció un gobernador ensalzando la economía seria, la disciplina fiscal y el orden (Código Contravencional mediante). En 2019 se fue (es un decir) enorgullecido de tener menos empleados estatales (menos maestros y enfermeros) y más presos en las cárceles; dejando a su sucesor un Estado provincial endeudado y una sociedad más pobre y desigual. Sobre eso, en 2020 llegó la pandemia.   Por lo tanto, las dudas anteriores se potencian en la coyuntura dramática que atravesamos. ¿Construir un monumento de cemento sobre el río Grande en medio de una crisis hídrica histórica?  ¿No deberíamos mejorar canales de riego y redes de agua potable? ¿No podríamos invertir en presas más pequeñas y mini-centrales? ¿No es más barato invertir en energía solar y eólica?  Pero además ¿es justo apostar a un futuro incierto con un presente de pobreza, escasez alimentaria y crisis sanitaria? ¿Hay algo más urgente que enfrentar la pandemia y el hambre? En estos momentos el sistema de salud hace agua por falta de hospitales en zonas densamente pobladas (ejemplo, Guaymallén) y cierre de centros de salud; cruje la infraestructura escolar; sufren los alumnos y estudiantes por falta de conectividad y dispositivos. Los movimientos sociales resuelven el hambre de miles en comedores y merenderos, mientras el Gobierno provincial se desvela por los bares de la Arístides Villanueva y el ingreso de turistas extranjeros.  Alrededor de 500 MD presupuestados serán para una empresa china. ¿No deberíamos privilegiar emprendimientos locales, cooperativas, organizaciones de desocupados? ¿No es hora de utilizar una empresa con mayoría estatal, como IMPSA, para un plan de desarrollo integral, que abarque geográficamente toda la provincia? Por eso la pregunta de fondo es ¿Hacer un Portezuelo por 1.000 MD ó invertir 1.000 MD en un plan de desarrollo quinquenal, que aborde las necesidades estructurales hídricas, energéticas y productivas?  El Gobernador repite una y otra vez que es hombre de diálogo, aunque sin aclarar qué actores sociales son sus interlocutores; y suele  permanecer sordo ante los reclamos populares, hasta que  truena el escarmiento en las calles (diciembre 2019 con la defensa de la ley 7722; setiembre 2020 con el rechazo a su proyecto de ley de educación provincial). ¿Será momento de hacernos oír nuevamente?  Lentamente, desde abajo, se va gestando la idea de un plan de desarrollo construido democráticamente, de carácter federal, que priorice zonas postergadas como Malargüe, y que incluya socialmente a las mayorías hoy empobrecidas. Con obras que deberán promover la participación de empresas nacionales, provinciales y cooperativas de trabajo, para fomentar el empleo y enfrentar la grave crisis social.
 
El tema central en debate es: ¿Cuál proyecto de desarrollo tenemos?; ¿Qué debemos producir? (agro, minería, industria, etc.); ¿Cómo? (respetando los bienes comunes y el ambiente); ¿Quién tiene la propiedad y el control? (capital extranjero, grupos monopolistas, sociedad estatal, cooperativas). Se trata de hacer crecer la producción, atacando la concentración de la propiedad y la desigualdad en la distribución.
Para esto el primer paso debe ser la suspensión del proceso licitatorio (de por sí muy cuestionado y cubierto de sospechas) y no adjudicar la obra al único oferente. Por lo menos hasta tanto se resuelvan los cuestionamientos y dudas, y se atiendan razonablemente las críticas fundamentadas sobre los aspectos técnicos, económicos, sociales, ambientales, jurídicos y de oportunidad.
El paso lógico siguiente es la elaboración democrática, con amplia participación popular, de  un plan para modificar el destino de los fondos, que por provenir de un resarcimiento a toda la provincia, debieran distribuirse equitativamente en todo el territorio.-
Por Carmelo Cortese.   Sociólogo. Profesor consulto de la UNCuyo.   Mza, 2021

Daños de la Licitaciòn

Ex ministro de la Corte mendocina advierte por "los daños"

El exmiembro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Alejandro Pérez Hualde, explicó por qué él junto a un grupo de juristas se remitieron ante el fiscal de Estado para frenar la licitación de Portezuelo del Viento.

Adviritió del riesgo de seguir con la licitación.
 
Leer más...Mientras el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez  analiza si acepta la rebaja en la oferta de la UTE Malal Hue (integrada por la china Sinohydro, IMPSA y dos constructoras mendocinas), se desató en Mendoza un fuerte debate sobre la conveniencia de construir la represa Porteuelo del Viento, una obra que tenía un apoyo monolítico hace unos años.
A fines de la semana pasada un grupo de juristas pidió suspender la licitación de la obra Portezuelo del Viento, aduciendo de que se corre el riesgo de que la obra sea frenada por la nación y haya que afrontar gastos exorbitantes. Entre ellos, firmó la solicitud Alejandro Pérez Hualde, exmiembro de la Suprema Corte de Justicia, quien habló en MDZ Radio.
¿Por qué han ido a la Fiscalía de Estado a pedir que se revise la licitación de Portezuelo del Viento?
 Porque al fiscal es a quien la Constitución le ha encomendado la defensa del patrimonio público. Además, es el abogado de la provincia, que sigue los juicios en los que Mendoza ya se ve involucrada en un marco que en un año ha cambiado: la Corte Suprema de la Nación dijo que no quiere discutir sobre el Río Atuel, sino sobre el entorno de un ecosistema, el Coirco nos pide que hagamos de nuevo una evaluación de impacto ambiental amplio y San Juan está demandando por la Cuenca del Desaguadero y estamos contestando.
Es cierto que el entorno jurídico se ha modificado, pero el Gobierno de Mendoza sostiene que aún no está resuelto, entonces mientras eso ocurre dicen "sigamos avanzando con la licitación". ¿Por qué ustedes plantean que mientras tanto hay que suspender?
Coincido y soy optimista con el resultado de esos juicios. Pero pueden haber son muchos avatares en el camino. Yo pienso que los vamos a ganar, pero ¿cuándo? ¿Quién evita que la Corte con una precautoria suspenda los trabajos? Y hay que parar, entonces los gastos improductivos que genera una obra de esa magnitud son impresionantes. A veces no hay que ir a Tribunales, porque aunque ganemos no ganamos.
Les digo más, por unanimidad los 5 miembros de la Corte en cualquier momento nos van a ordenar una precautoria.
-¿Por qué creen que la provincia van a perder plata haciendo Portezuelo del Viento?
A mi no me preocupa tanto si va a ganar o perder plata, porque eso estará en manos de quienes conocen el comportamiento del precio de la energía.
A mi lo que me preocupa es el riesgo procesal de hoy, en este momento esta licitación se puede detener sin más costos de los que hemos incurrido. Si se adjudica no se va a poder frenar sin pagar daños y perjuicios y si se contrata ni le digo, probablemente haya que pagar el lucro cesante.
- ¿Plantean que se suspenda el proceso o que la obra no se haga?
Eso es un tema que debe determinar nuestra mejor política, la alta de Mendoza: si es que le queremos dar un nuevo destino a esos fondos, cuál es, o si quieren hacer otra licitación. Pero no con estos riesgos, que son muy grandes.
Se puede construir un consenso para realizar inversiones que la provincia necesita y de ningún modo asumir riesgos. Por eso hemos ido al fiscal de Estado, que sabe.
-¿Se puede parar en esta instancia?
Sí, está lanzado pero no sabemos si esta mejora de oferta es realmente conveniente. Ya dijimos que la primera no era conveniente y pedimos una mejora. ¿Es suficiente? Eso lo determina la provincia de Mendoza, que le puede decir "no es suficiente, declaramos fracasada la licitación".-

06 JULIO 2021

Del corte del Río Atuel a Portezuelo del Viento

breve historia de un conflicto interprovincial

Leer más...El Río Atuel nace en la Cordillera de los Andes –a unos 5000 metros sobre el nivel del mar- y es una prolongación del Sistema Desaguadero, que discurre principalmente por las provincias de Mendoza y La Pampa, en esta última formando tres brazos. Su extensión puede llegar a 790 km y tiene una cuenca de 39.404 km². Antes del corte por los diques Nihuil, desembocaba en el Río Salado-Chadileuvú-Curacó, que a su vez es afluente del Colorado, que desemboca en el Océano Atlántico. Este río formaba parte de un sistema que permitía la navegación desde la Cordillera hasta el Atlántico (1).
 
Mapa del sistema hidrográfico al que pertenece el Atuel. Fuente: https://riosdelplaneta.com/rio-atuel/
 
Comienzo del conflicto y comunidades desplazadas
El conflicto por el Rio Atuel comenzó en las primeras décadas del siglo XX. El espacio que hoy ocupa la provincia de La Pampa estaba habitado por numerosas comunidades originarias que fueron desplazadas y masacradas durante las campañas militares encabezadas por Julio Argentino Roca en 1878-1879. Unos años después, se organizó el Territorio Nacional de La Pampa Central, entidad administrativa dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, que nombraba al gobernador y sus habitantes carecían del derecho al voto (excepto para las elecciones municipales). Al mismo tiempo, Mendoza era una de las “provincias históricas” con una estructura administrativa ya consolidada que la colocaba en situación de superioridad frente a su vecina del sudeste.
Hay que señalar además que La Pampa no es una región geográfica unificada. La parte este -más húmeda- está ligada a actividades agrícolas, mientras que en el centro y oeste –donde las condiciones son más secas- presenta una economía pastoril y de extracción. Comerci considera a esta zona como un espacio de borde debido a que se encuentra menos inserta en la dinámica del capital y presenta dependencia de otras regiones, al mismo tiempo que hay cierta autonomía para sus prácticas regionales. El oeste pampeano está más ligado a la Región de Cuyo, pese a que con la provincialización (1952) se trató de que se vinculara más con la Pampa Húmeda (2).
En 1918 un grupo de vecinos de Puesto del Bello (Mendoza) realizó, sin autorización legal, un dique “criollo” de tierra y monte (tapón) en el brazo este del río, que mermó el caudal que llegaba a La Pampa y acabó con la Isla Chalileo. Imposibilitado de reclamar, debido al colonialismo interno en que vivía, el Territorio Nacional debió tolerar esta situación. En la década de 1930 hubo tapones y desvíos del río para abastecer a las prósperas colonias del sur mendocino, lo que provocó la desaparición del brazo Butaló, que se adentraba 150 kilómetros en territorio pampeano, y de la colonia agrícola homónima fundada en 1910 (3).
Sentencia de muerte
Pero la sentencia de muerte para el río comenzó con la sanción de la Ley Nacional Nº 12650 de creación del Establecimiento Hidroeléctrico Los Nihuiles, que negaba el carácter interprovincial de los ríos. Fue la empresa estatal Agua y Energía quién construyó y administró los diques que cortaron la circulación de agua hacia el sur. El primero comenzó a construirse en 1941. Con la inauguración del último dique en 1948, que cortó el tercer brazo del río llamado Arroyo de la Barda, se terminó por desertificar el sur mendocino y el centro-norte del Territorio de La Pampa, en una superficie de 5000 km².
Para La Pampa, el corte del Atuel significó el fin del proyecto de crear una zona de regadío en el oeste y el despoblamiento de los pueblos de la zona. Miles de habitantes de esas localidades, así como los pueblos originarios que aún habitaban en la zona, debieron migrar hacia el este, pasando a habitar en las zonas marginales de las localidades más grandes como Santa Rosa, General Acha o Victorica, y a cambiar radicalmente su forma de vida. De un día para otro, habían perdido todo lo que significaba su subsistencia. El escritor y agrimensor Edgar Morisoli llamó a esta migración forzada: “la diáspora atuelera y saladina”.
El impacto ambiental no fue menor: los bañados desaparecieron, murieron los animales incapaces de migrar o adaptarse, y los grandes árboles se secaron al faltarles el vital elemento.
 
El telegrafista que enfrentó al terrateniente
Es conocida la historia del telegrafista policial de Paso de los Algarrobos Ángel Garay que, conmovido al ver este desastre ambiental y la miseria de las poblaciones oesteñas, decidió enviar una carta al entonces presidente Juan Domingo Perón sin pasar por las vías administrativas, adjuntándola a un informe de la empresa Agua y Energía. En ella describía “las circunstancias críticas que atraviesan los pobladores de la zona” y la situación de “desposesión” de los afectados por el corte del rio (4).
Al año siguiente se aprobó la resolución 50/49 del Consejo Nacional de Agua y Energía Eléctrica de la Nación, amparada en la Ley Nacional Nº 13030, que ordenaba una suelta trianual de agua para mitigar las consecuencias del Nihuil. Según señala Morisoli, la ley nunca fue cumplida porque un órgano de jerarquía inferior, la Dirección de Irrigación de la provincia de Mendoza, objetó su cumplimiento. La resolución del organismo mendocino estaba firmada por los principales terratenientes de la zona, siendo el caso más famoso el de Sotero Arizu, propietario de la Bodega Arizu y poseedor en ese momento de 5000 hectáreas de viñedos entre San Rafael y General Alvear (5).
Unos años después, el senador nacional mendocino Carlos H. Evans llegó incluso a negar el carácter bi-provincial del Rio Atuel: “No hay ninguna prueba de que el Atuel haya llegado como río con caudal perenne y constante a la provincia de La Pampa, ni en la época de la resolución Nº 50 (1949) ni mucho antes; al contrario, los argumentos desarrollados por La Pampa se remontan a épocas pretéritas, anteriores muchas a 1810” (6).
Sin embargo esto es incorrecto, ya que basta con estudiar los mapas realizados por los militares o acompañantes científicos de la “Conquista del Desierto” en el siglo XIX o el Mapa Oficial de la Nación realizado por Carlos de Chaperoege -integrante del Censo Nacional- en 1914 para comprobar que el Rio Atuel atravesaba ambas provincias hasta bien avanzado el siglo XX. De hecho en 1928 la Dirección Nacional de Minería había encargado al especialista Richard Wichman la realización de un estudio hidrológico en el sur de Mendoza y los departamentos pampeanos de Chicalcó y Puelen para comprobar los resultados negativos que podían tener las obras de los diques Nihuil, llegando a resultados desalentadores para el oeste pampeano (7).
 
Mapa del siglo XIX donde se puede observar el Río Atuel. Del libro: Estudio topográfico de La Pampa y Rio Negro (1880) del coronel Manuel J. Olascoaga
 
La lucha continúa con la unidad como bandera
Comenzó así una lucha que sigue hasta entonces por el agua y la vida en el oeste pampeano. El 11 de abril de 1973 se reunieron en Santa Rosa representantes de organizaciones políticas, sociales y sindicales para constituir un movimiento capaz de reclamar el cumplimiento del decreto 1570/73 del Poder Ejecutivo Nacional del 23 de febrero de ese año, que reconocía a La Pampa el derecho a recibir regalías hidroeléctricas por parte de Mendoza. Se creó la Comisión Pro Defensa de los Ríos Interprovinciales (más tarde Comisión Popular por los Ríos Pampeanos) que realizó acciones de protesta en localidades pampeanas, así como en Bahía Blanca, La Plata y Buenos Aires. Al mismo tiempo se vivían luchas estudiantiles que reclamaban la nacionalización de la Universidad de La Pampa y manifestaciones obreras que, en algunos casos, confluyeron con el movimiento en defensa de los ríos (8).
Reclamos y Entidades de Derechos Humanos
En 1976, ya en plena dictadura genocida, el Gobierno de La Pampa realizó un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dictó un fallo tan salomónico como inútil: dictaminó que el río Atuel es interprovincial (condición que Mendoza negaba) pero La Pampa sólo tendría agua cuando Mendoza alcanzase a regar más de 70 mil hectáreas comprometidas bajo cultivo o con reserva. En la práctica, el principal tribunal de la Nación legitimaba que las cosas siguieran como estaban hasta entonces.
Con la restauración democrática y al calor de otras luchas que se estaban llevando a cabo, el reclamo por el Atuel fue tomado por organismos de derechos humanos, asociaciones ambientalistas, centros de estudiantes y partidos políticos. En 1984 se creó la Fundación Chadileuvú (FuChad), que hasta el día de hoy lleva a cabo acciones en defensa del agua. En 1987 se editó el Cancionero de los Ríos, con poemas y canciones vinculadas a la temática. En la década siguiente la provincia contó con una Secretaría de Recursos Hídricos. La lucha por el agua se había convertido en parte de la identidad pampeana (9).

Mural en un paredón de Santa Rosa. Fotografía del autor
 
 
Hay que aclarar que este reclamo nunca apuntó a perjudicar las áreas productivas o a dejar sin agua a las poblaciones de Mendoza, sino a solicitar que se garantizase el caudal mínimo del río para la provincia de La Pampa. Además se responsabilizó en mayor medida al Estado Nacional –que administró los Nihuiles hasta 1992- que al Gobierno de Mendoza.
Al cumplirse 60 años del corte del río, Edgar Morisoli sentenció: “La responsabilidad de la Nación es muy grande” (10). Durante los años en que el Estado Nacional administró los diques no se cumplieron sus mismas resoluciones. Tampoco se debe deslindar responsabilidad a organismos como la Comisión del Atuel Inferior (CAI), el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO) –fundado en 1976 como resultado del acuerdo entre ambas provincias y el Ministerio del Interior-, la Secretaría de Recursos Hídricos y el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, así como el mismo Congreso Nacional.
Soluciones salomónicas que no arreglaron nada
En 1987 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó que el Río Atuel es interprovincial y exhortó a las partes a celebrar convenios tendientes a “una participación razonable y equitativa del agua para La Pampa”. Al mismo tiempo reclamaba a Mendoza a realizar obras para mejorar la eficiencia del riego, aunque le entregó el derecho a regar 75.600 hectáreas (11). Pero aunque se celebraron desde entonces algunos convenios menores, el conflicto está lejos de solucionarse.
Portezuelo y un nuevo conflicto
Al conflicto por el Atuel se sumó en los últimos años uno nuevo generado por el Proyecto de Portezuelo del Viento. La provincia de Mendoza proyecta construir una represa sobre el Río Grande, en las estribaciones de la Cordillera de los Andes. Dicho río es afluente del Río Colorado en la altura de su límite con Neuquén, que atraviesa las provincias de La Pampa, Rio Negro y Buenos Aires. Se trata de uno de los ríos más importantes del país, pero que experimenta un fuerte declive por el corte del Atuel. Esto complicará aún más su situación.
Para ser aprobado, el proyecto debía pasar la evaluación del COIRCO, que administra dicha cuenca. En 2017 el entonces Superintendente del organismo interprovincial Ingeniero Horacio Collado expresó que: “En el contexto actual, es favorable que se haga la obra, pero teniendo en cuenta las condiciones de las provincias aguas abajo. La Pampa está en desacuerdo por la discusión que yace sobre el río Atuel con Mendoza, que está judicializado (…) Esta judicialización que se tiene sobre el Atuel escapa al COIRCO en general. Pero, en lo personal, yo creo que es positivo que la obra se lleve a cabo, porque todas las provincias tienen áreas que pueden ser explotadas y no tienen regulación. Esa regulación sí se las daría Portezuelo” (12). La postura favorable a Mendoza contó con el apoyo del entonces presidente Mauricio Macri, aliado del gobernador Alfredo Cornejo (13).
El Informe de Impacto Ambiental realizado por las universidades nacionales de La Plata y el Litoral a pedido del COIRCO, y la Audiencia Pública en el Congreso Nacional fueron duramente criticadas por la Provincia de La Pampa, ya que no se tuvieron en cuenta las consecuencias de un posible trasvase del embalse de Portezuelo sobre el Río Atuel y la pérdida de caudal del Colorado, así como el manejo de las aguas represadas por parte de Mendoza. El reclamo pampeano contó con el apoyo de la provincia del Rio Negro (14).
Alberto Fernández favorece a Portezuelo
Pero no fue solo el gobierno de Macri el que favoreció el proyecto. En enero de 2020 el gobierno de Alberto Fernández giró casi 14 millones de dólares a Mendoza para la continuación de la obra. “Ante lo que podría considerarse como un traspié para La Pampa, el hecho de que el Gobierno Nacional haya decidido depositar más de 13 millones de dólares a la provincia de Mendoza para la construcción de Portezuelo del Viento, no debe soslayarse que el propio Convenio firmado entre Mendoza y la Nación –que origina este pago- condiciona la construcción de dicha obra a la decisión final del COIRCO”, expresó un comunicado emitido por el Gobierno de La Pampa. En virtud de ello, el gobernador pampeano Sergio Ziliotto, ordenó ampliar el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia –la misma que no la favoreció anteriormente- iniciando una acción de amparo contra la Nación y la provincia de Mendoza. De igual forma se ordena que se cumpla con lo normado por la Ley Nº 23879 de Obras Hidráulicas (15).
En marzo de 2020, en medio de la pandemia, la Comisión de Ambiente de la Legislatura de la Provincia del Neuquén también aprobó tres pedidos de informes locales y nacionales sobre el impacto ambiental y el estado de la construcción de la obra. Lo mismo hizo la localidad neuquina de Rincón de los Sauces, que se verá afectada por la obra (16).
En La Pampa se multiplicaron las organizaciones en defensa del agua y la vida desde el año 2012. A la FuChad se sumaron la Asamblea por los Ríos Pampeanos y asociaciones civiles en Santa Rosa, Santa Isabel y Buenos Aires. Estas se caracterizan por su carácter asambleario, el uso de las redes sociales, una mayor apertura al diálogo con el Gobierno provincial y la combinación de reclamos a la Justicia con acciones directas, como el “botellazo” en la Casa de Mendoza en Buenos Aires (17).
Un conflicto tan largo no tendrá una resolución simple, pero es necesario que se llegue a un acuerdo que pueda favorecer a ambas provincias, respetando los derechos de los pobladores y la protección del ambiente. No es quizá de los Gobiernos o la Justicia, que tienden a favorecer a los terratenientes y a los grandes empresarios de donde vendrá la solución, sino del accionar de los pueblos. Es importante que las organizaciones sociales, políticas, ambientales y de derechos humanos de ambas provincias tomen el reclamo por la solución del conflicto en sus manos para que los ríos vuelvan a correr libres para los pueblos, las comunidades originarias, los pequeños productores y la salud ambiental.-

por Luciano Andrés Valencia      Jul 01, 2021  La Quinta Pata  Opinión
 

NO A PORTEZUELO DEL VIENTO

Leer más...A lo largo de los años transcurridos en la defensa del agua de Mendoza, las ASAMBLEAS MENDOCINAS POR EL AGUA PURA/AMPAP hemos sostenido siempre las mismas consignas: que el agua de Mendoza no se negocia; que el agua es un bien común y un derecho humano imprescindible; que nuestras cuencas hídricas hermanan a los pueblos y no los dividen. Estas mismas banderas, y el estudio permanente de nuestros territorios, nos han llevado a denunciar desde hace mucho tiempo (por ejemplo, la Asamblea por los Bienes Comunes de Malargüe en la Audiencia Pública de abril de 2018) las falacias e irregularidades que se concentran en torno al proyecto pomposamente denominado “Aprovechamiento Multipropósito Portezuelo del Viento”. Hoy, conocida la nueva oferta económica presentada por el consorcio de empresas Malal-Hue, a partir de la cual el gobierno pretende seguir avanzando con el proceso licitatorio, volvemos a expresar públicamente nuestro ROTUNDO RECHAZO A LA MEGAOBRA PORTEZUELO DEL VIENTO en Malargüe, por sus impactos tanto socioambientales como económicos.

DECIMOS NO A LAS MENTIRAS. Analizando las razones económicas, sostenemos que se miente al decir que el proyecto podría generar 887 GW/h de energía por año en promedio; realidad que sólo se alcanzaría si todos los años la central pudiera funcionar en plena potencia. Más bien, si se tienen en cuenta las normativas del COIRCO que son de cumplimiento obligatorio para la provincia de Mendoza, en el mejor de los casos podría generar alrededor de 658 GW/h -es decir, un 26% menos de lo anunciado- y, en el peor de los escenarios generaría apenas 216 GW/h. Por lo tanto, se convertiría en una de las electricidades más caras del país, demorándose más de 40 años la recuperación del costo de inversión. Por otra parte, las tendencias del CAMBIO CLIMÁTICO y reducción de CAUDALES registrados en el Río Grande, sobre todo en la última década, impiden garantizar siquiera el primer llenado del embalse. De acuerdo al propio Departamento General de Irrigación, en la última década se registraron 8 de los 10 años con menor caudal en el río, siendo el ciclo hidrológico 2019/2020 el más seco desde que hay mediciones. Si en junio de 2010 el dique hubiese estado concluido e inaugurado, al día de hoy, 11 años después, respetando el Acta 812 de 2017 del COIRCO sobre caudal mínimo que permita iniciar el llenado, el embalse aún estaría vacío, como gigantesco e inútil “elefante blanco”, sin haber generado ni 1 KWh. Todo esto, que venimos diciendo públicamente desde hace más de un año, fue planteado hoy por tres prestigiosos abogados mendocinos al Fiscal de Estado, a quien exigimos cumpla su deber constitucional de defender los bienes del Estado provincial e impida la adjudicación de la obra.

DECIMOS NO A LOS NEGOCIADOS Y AL DESPILFARRO. Por todo ello, ningún empresario privado arriesgaría su propio dinero en un proyecto así, aunque sí podría ser un excelente negocio para una megaempresa como la china Sinohydro, de pésimos antecedentes por múltiples fallas en la represa Coca Codo Sinclair que construyó en Ecuador, y por corrupción en otros proyectos en distintas partes del mundo. Esto último consta incluso en registros del Banco Mundial.

DECIMOS NO AL USO DE NUESTRA ENERGÍA PARA EXTRACTIVISMO. No es casual que empresas megamineras se encuentren entre quienes impulsan la realización del proyecto, en un contexto de matriz eléctrica nacional colapsada, y en que la energía que pudiera generar la presa Portezuelo podría incorporarse a la Línea Minera de Alta Tensión COMAHUE - CUYO.

DECIMOS NO A LA DESTRUCCIÓN DE NUESTROS PUEBLOS. Es bien sabido que el embalse Portezuelo del Viento inundaría Villa Las Loicas y otros parajes malargüinos, desplazando a sus pobladores y afectando permanentemente el patrimonio cultural de los caminos de trashumancia. Muchxs de lxs afectadxs no fueron debidamente consultadxs y no tuvieron la debida posibilidad de participar legítimamente en las audiencias públicas del proyecto.

DECIMOS SÍ AL AGUA COMO DERECHO HUMANO para lxs mendocinxs, para los pueblos originarios y para todos los pueblos aguas abajo cuyas vidas dependen de los ríos Grande y Colorado.

DECIMOS SÍ AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS AMBIENTALES. Los estudios de impacto ambiental integral sobre las cinco provincias que comparten la cuenca del Río Colorado, no han sido realizados adecuadamente, mereciendo muy serias críticas metodológicas.

DECIMOS SÍ A LA OBRA PÚBLICA. Es imprescindible garantizar AGUA POTABLE Y CLOACAS a cada habitante de Mendoza, derecho básico primordial que los más postergados reclaman desde hace añares. Es prioritario y urgente ampliar y renovar esas redes, en parte muy antiguas, colapsadas por falta de mantenimiento y de recursos. Esos más de mil millones de dólares pueden y deben ser invertidos de mucha mejor manera, generando inclusive muchísimos más puestos de trabajo. Además, financiar esas obras con el dinero del fideicomiso permitiría liberar recursos para reforzar las necesarias inversiones en infraestructura de Salud, Educación y Cultura.

DECIMOS SÍ AL DESARROLLO PRODUCTIVO. En estos tiempos de CAMBIO CLIMÁTICO es indispensable mejorar la eficiencia de los sistemas de RIEGO e impulsar la agroecología que produzca ALIMENTOS SANOS, así como generar ENERGÍAS realmente LIMPIAS al alcance de todxs, todo lo cual fortalecería las economías regionales. Demasiado han hablado políticos, empresarios y medios hegemónicos sobre las inversiones necesarias para ello, aún más que sobre agua potable y cloacas: ahora que está el dinero necesario, debe ser invertido en lo prioritario.

Portezuelo del Viento NO es ni puede ser la “obra de este siglo”. Es un proyecto propio del siglo pasado, que en el actual XXI acarrearía más destrucción que beneficios.

NO HAY AGUA PARA LLENAR EL EMBALSE. NO HABRÁ ENERGÍA PARA EL PUEBLO.
SÓLO SE ENRIQUECERÁN UNOS POCOS Y LOS DE SIEMPRE.

NO A PORTEZUELO DEL CUENTO
SÍ AL BUEN VIVIR PARA TODXS LXS MENDOCINXS
...

COMUNICADO de A.M.P.A.P./Mza    01 de julio de 2021


Río Colorado en contra de Portezuelo

INTENDENTE DE RIO COLORADO ENVIO UNA CARTA A COIRCO

Leer más...El intendente la ciudad rionegrina de Río Colorado, Gustavo San Román, envió una carta al Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) en la manifestó su «rotunda oposición» al avance de la obra Portezuelo del Viento. Se trata de la represa que la provincia de Mendoza quiere construir sobre el río Grande, el principal afluente del Colorado.

«Como intendente de Río Colorado, me dirijo a usted y por su intermedio a los demás integrantes de este consejo, con el fin de manifestar nuestra rotunda oposición al avance de la obra Portezuelo del viento. Motiva esta postura que hace dos años requerimos la realización del estudio de impacto ambiental de Portezuelo del Viento, el estudio de impacto ambiental integral sobre toda la cuenca del Colorado con su correspondiente Audiencia Pública Nacional, como también solicitamos la aprobación, por parte de la Provincia de Mendoza, de la ampliación de facultades del Coirco, sin obtener respuestas ni avances al respecto», dijo el jefe del municipio lindero a La Adela.

«Total oposición»

San Román dijo que veía con preocupación algunas noticias que hacían referencia a la voluntad del mismo presidente de la Nación, Alberto Fernández, de agilizar y avanzar con la concreción del proyecto Portezuelo del Viento, sobre todo porque las inquietudes que planteó oportunamente la comuna de Río Colorado nunca fueron respondidas.

Cabe recordar que la semana pasada, luego de la visita del presidente de la Nación a Mendoza para anunciar la capitalización de la empresa Industrias Metalúrgica Pescarmona SA (Impsa), desde el gobierno mendocino se hizo circular una versión según la cual Alberto Fernández había manifestado su respaldo a la obra. Esa especie fue rápidamente desmentida por el ministro del Interior Eduardo de Pedro.

Por las dudas, San Román dejó sentado una vez más ante el Coirco la «total oposición» de la ciudad ribereña a la realización de la obra Portezuelo del Viento. «Consideramos que no están dadas las condiciones que garanticen el caudal de nuestro río Colorado, ni la conservación del medio ambiente. Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, realizaremos las acciones que sean necesarias para evitar el avance de la obra», sostuvo el intendente.                 

La novedad la dio a conocer el portal de noticias riocolorado.com.ar.

La Arean 25.06.21