Novedades

Fundación Chadileuvu
  • Inicio
  • Novedades
  • PORTEZUELO: PIDEN INFORMES A NACIÓN POR LA ESTATIZACIÓN DE IMPSA

PORTEZUELO: PIDEN INFORMES A NACIÓN POR LA ESTATIZACIÓN DE IMPSA

b_300_200_16777215_00_images_2018_berongaray-003.jpgEl diputado nacional, Martín Berhongaray, presentó un proyecto en el Congreso donde solicita al Poder Ejecutivo Nacional un pedido de informes por la adquisición del paquete accionario de IMPSA. El legislador pampeano, le pide al Poder Ejecutivo nacional que brinde información tras la estatización de IMPSA. Además, señala que con la adquisición de las acciones el Estado “Ha perdido, así, la imparcialidad indispensable para decidir acerca de la realización final” de la obra de Portezuelo del Viento.
 
El diputado solicita la siguiente información:                                            
1.     Cuáles son las providencias adoptadas para garantizar la imparcialidad del Poder Ejecutivo nacional a la hora de resolver en definitiva acerca de la existencia de las condiciones ambientales indispensables para la adjudicación de la obra hidroeléctrica de Portezuelo del Viento al único oferente (Sinohydro Corporation, IMPSA, CEOSA y Obras Andinas UTE), respecto de la cual el Estado Nacional integra en condición de accionista mayoritario de IMPSA (Industrias Metalúrgícas Pescarmona Sociedad Anónima).

2.     Si se ha considerado la posibilidad, en atención a la calidad de socio mayoritario que el Estado Nacional ha asumido en IMPSA, de determinar el retiro de esa empresa del consorcio oferente de Portezuelo del Viento, a fin de mantener la imparcialidad necesaria al Poder Ejecutivo para arbitrar eventuales conflictos interprovinciales.

3.     Si se ha tenido en cuenta que, como consecuencia del papel asumido por Mendoza en la empresa de la que el Estado Nacional ha devenido socio mayoritario, dicha provincia ha pasado a ser, de modo simultáneo con la calidad de controlante de la obra hidráulica, si ésta finalmente se materializa, parte del consorcio controlado.

4.     Si el Poder Ejecutivo nacional ha tomado conocimiento de las presunciones planteadas acerca de la existencia de sobreprecios en la oferta económica relacionada con la construcción de la represa de Portezuelo del Viento, y si ha adoptado providencias acerca de esa situación.

El legislador sostiene que “Es sabido que con la adquisición de prácticamente las dos terceras partes (63,7%) del capital accionario de Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima (IMPSA), en sociedad –además- con la provincia de Mendoza, que ha adquirido más de una quinta parte adicional (21,2%), el Estado Nacional se ha transformado en integrante del consorcio adjudicatario –virtualmente, pues es el único oferente- de la licitación de la represa hidroeléctrica multipropósito de Portezuelo del Viento, pieza central del sistema hídrico del Río Colorado”.

Destacó que está situación provocó que el Estado “Ha perdido, así, la imparcialidad indispensable para decidir acerca de la realización final de esa obra, e incluso para definir a propósito de la realización de un estudio integral de su impacto ambiental, que ha sido requerido por cuatro de las cinco provincias ribereñas de ese sistema”.

“Como es de público conocimiento, la anterior administración –a la cual la provincia de La Pampa dirigió un pedido de arbitraje presidencial- había archivado ese pedido, resolución que fue dejada sin efecto por la actual administración, que dispuso la discusión de ese impacto en el ámbito del Consejo de Gobierno del Comité de Cuenca del Río Colorado, que preside el Ministro del Interior. De resultas de esa discusión, se resolvió el estudio aludido en el párrafo precedente”.

Continuó indicando que “Su nueva condición de socio mayoritario –en sociedad con la única provincia interesada en la represa, que además se opone a la realización del mencionado estudio- de una empresa que integra el consorcio presumiblemente adjudicatario confiere al Estado Nacional, interés patrimonial directo en la ejecución del emprendimiento. Por añadidura, el origen de los fondos con que la provincia de Mendoza paga la parte de contado de esa adquisición es un Adelanto del Estado Nacional (ATN)”.

“En tales condiciones, no es razonable presumir que la protección ambiental requerida sea defendida adecuadamente por las autoridades nacionales bajo cuya responsabilidad se encuentra esa defensa”.

Frente a esto, manifiesta que “Debe, pues, requerirse del Poder Ejecutivo la información necesaria para determinar si la decisión de capitalizar a la empresa mencionada, y apoyar financieramente a la provincia de Mendoza para que haga otro tanto, con el propósito de mantener activa una industria estratégica en materia tecnológica, tuvo en cuenta la condición de virtual adjudicatario de la obra antes referida, y la eventual colisión con el carácter de garante de la protección ambiental que la Constitución le asigna”.

Afirma que “el consorcio oferente integrado por IMPSA está envuelto en estas semanas en un conjunto de interrogantes planteados por la prensa especializada, resultante de los por demás elevados precios que ostentan sus propuestas económicas presentadas en el marco del proceso licitatorio de la obra, los que superarían holgadamente el presupuesto oficial de ésta”.

Finalmente expresa que “Esa situación habría sido advertida por las autoridades de la provincia de Mendoza, la que requirió formalmente al oferente una mejora de la oferta, y estableció asimismo que ésa deberá contener un análisis o fundamentación pormenorizada de la nueva propuesta”.

PlanB.com.  13-06-21