Un año y medio atrás, sin mayor pena ni gloria, un aniversario de enorme importancia para los pampeanos pasó casi desapercibido. Nos estamos refiriendo a la carta que el policía Ángel Garay, por entonces a cargo del destacamento de Paso de los Algarrobos, enviara al presidente de la República exponiendo la miseria regional tras el corte del río Atuel en Mendoza. Seis décadas de ese acontecimiento, que lo fue, no es poca cosa y sin embargo solamente esta página obró como recordatorio, sin que se diera más que alguna aislada expresión particular y ninguna oficial.
Parecería que la historia vuelve a repetirse. También en el corriente año se cumplió un aniversario de importancia en el tema de los recursos hídricos sin que se le haya dado la trascendencia que merece. El pasado 19 de enero/2009 se cumplieron sesenta años de la resultante final de la carta de Garay: el dictado de la resolución 50/49 del Consejo de Administración de la Dirección de Agua y Energía Eléctrica de la Nación, donde había recaído el reclamo tras un recorrido técnico administrativo. El mismo había incluido sugestivas y escuetas indicaciones de obtener agua en la zona mediante perforaciones, las que fueron desechadas por las condiciones geológicas del terreno. El informe correspondiente destacaba la condición del río como única fuente de vida y posibilidad de desarrollo en la zona.
La resolución 50/49, aunque lejos de valorar conceptos tales como la unicidad de la cuenca y los derechos de La Pampa, por entonces Territorio Nacional, pretendió generar un paliativo que no hubiera resultado despreciable al establecer “la entrega periódica del río Atuel a La Pampa, en tres turnos al año, de siete días de duración cada uno, durante los meses de enero, mayo y septiembre, a razón de quince metros cúbicos por segundo”.
Las autoridades mendocinas, sentando el primer precedente de una tradición que mantienen, desconocieron esa resolución que implicaba un volumen de 27 hectómetros cúbicos, apenas poco más del dos por ciento del derrame anual del río. Esa cantidad, significaba 2.100 hectáreas menos regadas en Mendoza. El informe del ingeniero Passalacqua, encargado por el organismo nacional de negociar con las autoridades mendocinas, dice textualmente en su informe: “Frente a la disminución de 2.100 hectáreas en los beneficios que percibiría Mendoza, la zona noroeste de La Pampa recibiría un pequeño volumen de agua suficiente para alimentar la napa subálvea y los jagüeles distribuidos en aquellas, con lo que se contribuirá a evitar la despoblación de esa región que, por carecer actualmente de pastos para el ganado y de agua para la bebida de sus habitantes, se está transformando en un desierto”.
Frente a argumentos tan elocuentes y que tan poco hubieran restado a la economía del sur de la provincia cuyana, quedó de manifiesto la intemperancia mendocina: un organismo de categoría muy inferior al de orden nacional desconoció absolutamente la resolución y varios miles de kilómetros cuadrados del territorio pampeano ( y también mendocino, no lo olvidemos) quedaron definitivamente postergados, recibiendo agua cuando le convino a la provincia arribeña, siempre sin dar aviso alguno.
La advertencia del ingeniero Passalacqua fue premonitoria y no valieron argumentos ni razones de ningún tipo para conciliar, dejando en evidencia que suele pesar más la política que la razón, aunque ésta haga a los intereses nacionales.
De aquella bienintencionada e ignorada resolución, hace un mes se cumplieron sesenta años, el equivalente al transcurrir de dos generaciones de pampeanos.-
Fte.: LA ARENA, 28 de marzo de 2009