*"¿Quo usque tándem abutare, Catilina, patientia nostra?"
(¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia?).
Parafraseando a Cicerón nos preguntamos, hasta cuándo un gobierno pampeano deberá esperar para "tomar al toro por las astas", ejecutar la sentencia de 1987 e iniciar una nueva demanda a la hermana provincia de Mendoza, en torno a las aguas interprovinciales del río Atuel. Hace más de tres décadas decíamos que las aguas de los ríos están ligadas a la vida de los pueblos y ejercen una influencia decisiva sobre su destino. Los hombres saben que de sus corrientes dependen considerables beneficios económicos.
Para evitar conflictos y facilitar el aprovechamiento de esas corrientes, surgió la necesidad de sujetarlas a derecho, a fin de que los intereses de quienes estaban "aguas arriba" no predominaran, injustamente, sobre los pobladores de las regiones de "aguas abajo", disminuyendo la corriente que fluye por la cuenca. El "estado de vecindad", aceptado en el ámbito jurídico internacional y que es consecuencia directa del hecho material de una misma cuenca, impone la necesidad de que las provincias concuerden sobre el régimen de utilización común del río. Nuestra Corte Suprema de Justicia estableció en un viejo fallo que ninguno de los propietarios ribereños tiene el uso exclusivo de las aguas, así como el derecho absoluto de propiedad sobre el río.
Las aguas de un río son aguas públicas que corren por cauces naturales y tienen la aptitud de satisfacer un uso de interés general. A tal fin, hay coincidencia entre los principios establecidos por la doctrina y la jurisprudencia internacional, los institutos especializados y las convenciones internacionales. El derecho público de las provincias argentinas ha consagrado la coparticipación en las aguas de los ríos por medio de acuerdos interprovinciales y, cuando ello no se ha dado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación así lo ha dispuesto (v.g. fallo de diciembre de 1987 que declaró, precisamente, la interprovincialidad del río Atuel; sentencia nunca cumplida por Mendoza). Corría el año 1979 y todas las instituciones económicas, sociales y fuerzas políticas de La Pampa, declararon su solidaridad y dieron apoyo a la iniciación del proceso judicial contra Mendoza, por la interprovincialidad del río Atuel. Así lo hicieron: la Cámara de Comercio, Industria y Producción de La Pampa; CICAR, de General Pico; Federación Económica de La Pampa; Fuerzas vivas de 25 de Mayo; Federación Socialista; MID; Movimiento Federalista Pampeano; Partido Comunista; Justicialistas de La Pampa y UCR.
Ni que decir de técnicos, estudiosos y especialistas; todos dijeron presente. Era y fue el juicio de La Pampa. Hoy, en 2012, todos los sectores políticos de La Pampa, representados en la Legislatura Provincial, han elaborado proyectos para que La Pampa reactive la vía judicial e inicie proceso contra Mendoza, por "daño ambiental". No obstante, el señor gobernador ha considerado que La Pampa no debe ir a la Corte Suprema como lo requieren los diputados, sino "seguir" dialogando; aunque históricamente haya sido un coloquio de sordos. Gobiernos elegidos por el pueblo y "de facto". Ya en 1973 la Cámara de Diputados, presidida por el vicegobernador Rubén Hugo Marín, había resuelto por unanimidad promover juicio contra la provincia de Mendoza, por incumplimiento de la Resolución 50/49; aquella que disponía las tres sueltas anuales. El gobernador Aquiles José Regazzoli vetó aquel proyecto de ley sancionado por la Cámara de Diputados de La Pampa.
Posteriormente, Regazzoli reconoció su error y por ello encabezó con su firma la declaración de Justicialistas de La Pampa. Expresaron que esperaban confiados un fallo favorable y que la posición de Mendoza resultaba lesiva para los intereses nacionales. En 1979, durante el proceso militar, un gobernador, no pampeano y militar, supo interpretar el reclamo de los derechos de los ciudadanos en torno al río Atuel y mediante decreto-acuerdo 1704 del 13/09/79 ordenó la iniciación de las actuaciones judiciales.
En aquel tiempo, el actual gobernador Oscar Mario Jorge se desempeñaba como contador general de la Provincia. En esta instancia, siendo pampeano de nacimiento y reelecto por el pueblo como titular del Poder Ejecutivo, pretende insistir en una excluyente vía "diplomática", que viene siendo signada por el fracaso, desde la década del 1940.El gobernador Jorge es el mismo que concertó un estudio con la Universidad Nacional de La Pampa (cuyo costo ascendió a 800.000 pesos), para cuantificar los daños producidos por el corte del Atuel y que constituye una prueba abundante e incuestionable.
Nada debe excluir. Un proceso judicial debe acelerar el diálogo y contribuir a obtener una solución consensuada. Debe coadyuvar a la coincidencia en el diálogo, máxime entre provincias hermanas, "para que la razón, prudencia, equidad y la armonía reinen en definitiva" (Justicialistas de La Pampa, 1979). La Pampa debe recuperar muchas décadas de desertización, especialmente en su sufrida y amplia zona oeste. Si bien como lo manifestara Lilienthal, "los ríos son apolíticos", también es exacto que, como decía Pascal, "son caminos que andan pero conducen adonde uno quiere ir".
x Pedro Alavarez Bustos.
*Productor agropecuario de tercera generación. Abogado y escritor.