El ocaso del Atuel y los Derechos Humanos

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13 Marzo 2012

El ex diputado provincial Juan Carlos Scovenna presentó el 06/marzo/2012 su libro "El caso del río Atuel desde la perspectiva de los Derechos Humanos".

La investigación, auspiciada por la Fundación Chadileuvú, pone la lupa sobre la responsabilidad del Estado nacional y la provincia de Mendoza en la violación de los derechos humanos de las miles de familias del oeste pampeano que desde 1947 fueron obligadas a dejar sus tierras, afectadas por el corte del agua que provocó la provincia arribeña al construir la represa El Nihuil.

El abogado y dirigente político realizó ayer, en la sede de la Fuchad, una rueda de prensa, acompañado por Héctor Gómez y Antonio Sapegno. El trabajo no solo explica por qué Mendoza y el país estarían incumpliendo tratados internacionales sobre derechos humanos al provocar el "desplazamiento forzado" de la población oesteña, sino que propone líneas de acción para el gobierno provincial, a través de la Secretaría de Derechos Humanos y la Fiscalía de Estado de La Pampa.

En una breve reseña de su libro, editado por Ediciones Pitanguá, de esta capital, Scovenna explicó que en julio de 2010 la Organización para las Naciones Unidas emitió su Resolución 64/292 que reconoce al agua como un derecho humano esencial, la cual fue ratificada por el Consejo de DD.HH. de la ONU en septiembre de ese mismo año, cuando estableció: " que el derecho humano al agua potable (...) se deriva del derecho a un nivel de vida adecuado y está indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, así como al derecho a la vida y la dignidad humana".

En función de ello, el autor consideró que la provincia de Mendoza, en virtud del corte del río Atuel, al cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró interprovincial, incurrió en una "clara violación a los derechos humanos", en especial, de los habitantes de la ribera del Atuel y de los bañados que el mismo formaba en su ingreso y en todo su recorrido por el suelo de La Pampa, puesto que los privó "en forma ilegítima y arbitraria al 'acceso al agua potable', tanto para el consumo humano como para el desarrollo de las actividades agrícolas".

Junto con lo antedicho, la investigación determina que la desertificación de una vasta porción del territorio provincial también debe ser considerada como una violación al derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes si comprometer las de las generaciones futuras, tal como lo prescribe la Constitución Nacional en su artículo 41.
Un tercer aspecto que el texto de Scovenna pone sobre relieve es el "desplazamiento forzado" de personas y familias que el corte del Atuel provocó en el oeste. En este punto, el ex diputado de la Coalición Cívica también observó la comisión de una "clara violación de los derechos humanos" por parte de la provincia vecina y el Estado nacional.

Scovenna informó que su investigación no tiene un basamento ideológico, ni de tinte personal, sino que está anclada en el análisis de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella. El autor aseguró que el país, por su permisividad a las violaciones a los derechos humanos cometidas por Mendoza en el caso del Atuel, podría quedar al margen del régimen internacional que regula los derechos humanos.
El trabajo del ex legislador fue realizado el año pasado, con el aval de más de 400 firmas entre las que se cuentan las de los miembros de la Fuchad, la Asociación Pampeana de Escritores y las de importantes dirigentes políticos, entre los que mencionó a Luis Campo, quien fuera vicegobernador y presidente de la Legislatura hasta el 10 de diciembre último. Justamente, en su rol de titular de la Cámara de Diputados, el justicialista ordenó la edición del libro.

El autor consideró que, más allá de los reclamos realizados por el daño ambiental, las denuncias por las violaciones a los derechos humanos a las que dio lugar el corte del río, no pueden ser desatendidas por el actual gobierno nacional, al cual exigió no sólo impulsar la búsqueda de verdad y justicia en torno a los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura -empresa con la cual Scovenna dijo coincidir plenamente- sino velar para que cesen los delitos contra la humanidad que se cometen en la actualidad, como los padecidos por los habitantes de la ribera del Atuel en La Pampa desde mediados del siglo pasado.

¿Un nuevo juicio contra Mendoza?

Scovenna se presentó el lunes ante la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia donde formuló una serie de propuestas de acción para que el Estado reclame el cese de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por Mendoza a partir del corte del río Atuel, las cuales, según su investigación, continúan produciéndose en la actualidad.

En concreto, el autor solicitó a la repartición que dirige Rubén Funes que otorgue intervención a la Fiscalía de Estado de la provincia para que analice el posible inicio de acciones judiciales, tendientes a denunciar los actos violatorios de los derechos humanos que la investigación enumeró y explicó.

También solicitó a Funes que ponga en conocimiento de la situación a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a efectos que se incorpore la problemática en el Plan Nacional de Derechos Humanos, sobre todo, en lo referido al desplazamiento forzado de la población oesteña.

La presentación incluye otros cuatro puntos: que la Secretaría de DD.HH. pampeana implemente un programa provincial por el cual se recaben los informes, testimonios y estudios referidos a la denuncia y que se incluyan en el mismo los informes producidos con anterioridad, como el vinculado al daño ambiental realizado por la UNLPam; que se vea la factibilidad de informar de la cuestión a la Comisión de DD.HH. de la ONU para que el tema se incluya en la asamblea general del organismo; que se realicen las reservas correspondientes para que, agotadas las instancias judiciales argentinas, la provincia acuda a la Corte Interamericana de DD.HH.; y se informe y de intervención a las organizaciones no gubernamentales de la provincia vinculadas a la problemática. Finalmente, una séptima propuesta acercada a la Secretaría que, a su vez, cuenta de tres partes, establece la instrumentación de campañas de concientización en los niveles primario y secundario de la educación pública provincial; la formalización de contactos con ONGs nacionales e internacionales que trabajan en materia de Derechos Humanos; y que se realicen campañas de esclarecimiento a nivel provincial, nacional e internacional en las que explícitamente se plantee la cuestión de que el consumo de cualquier producto o bebida producida en Mendoza, contribuye a que se continúe con el grave proceso de desertificación que padece nuestra provincia.

Alarma en Mendoza por falta de agua

Las predicciones para la región mendocina regada por el río Atuel para 2012 son alarmantes y hacen prever un año con muchas dificultades para el manejo de la cuenca. El gobierno provincial informó que cortará el cauce entre tres y cuatro meses durante el invierno.

De acuerdo a lo que indicó el diario Los Andes, desde el año 2003, a causa de las sequías en el llano y la escasa caída de nieve en alta montaña, el caudal del Atuel se ha visto seriamente afectado.  La acumulación de dos años hidrológicamente pobres y de precipitaciones pluviales por debajo de la media histórica sumió en una condición crítica al oasis sur de esa provincia. El matutino mendocino afirmó que "la crisis hídrica que afecta a la región no tiene punto de comparación en las últimas cinco décadas" y que "las predicciones para la temporada 2012 son alarmantes y hacen prever un año con muchas dificultades en el manejo de la cuenca".

Al mismo tiempo, las obras de impermeabilización para el mejor aprovechamiento del agua generaron un impacto social que pocos esperaban. El canal Marginal del Atuel provocó la desaparición de espejos de agua naturales que se alimentaban por escurrimiento de las napas del río y prácticamente la desaparición del cauce que marca el límite entre General Alvear y San Rafael. "Aunque la obra no es resistida, ver secarse el cauce del Atuel fue recibido como un gancho al hígado por el común de los vecinos", afirma Los Andes.-