Revista Cauce

Fundación Chadileuvu

Cauce Año 1, N° 11

CAUCE. REVISTA ELECTRÓNICA DE LA FUCHAD

AÑO 1, N° 11

Un río y las razones de pertenencia que trae el agua

La presencia en La Pampa del presidente del Tribunal Latinoamericano del Agua, doctor Javier Bogantes, ha constituido un hito en la lucha que la provincia viene sosteniendo desde hace tanto tiempo en pro de la reivindicación de derechos sobre sus ríos. Para la Fundación Chadileuvú representó la concreción de un viejo y necesario objetivo: darle trascendencia máxima a un hecho injusto que, en una gradación cada vez más inicua, ya lleva casi un siglo de existencia.

Más allá de la discreción inherente a su cargo resultó evidente la impresión que el estado de cosas impactó en nuestro visitante. A este respecto fue muy ilustrativo el viaje que realizó a la zona en conflicto donde, más elocuente que cualquier alegato, contrastan los campos de cultivo de Mendoza con el desierto pampeano.
Quienes integramos la Fundación sabemos que el fallo que pueda dar el tribunal tiene un carácter simplemente moral, pero nos alienta pensar que aquellos que considerarán el tema son autoridades de prestigio mundial en sus especialidades y que no contarán aquí pesos políticos o vericuetos legales. A estas alturas ya resulta evidente de que el del Atuel es un lastre que los gobiernos quieren sacarse de encima sin malquistarse con la provincia de Mendoza y eludiendo con más o menos delicadezas los reclamos pampeanos que ?hay que admitirlo?no suelen tener la elocuencia de otros tiempos. Mientras tanto los cuyanos siguen avanzando en los hechos y la naturaleza, aunque en forma negativa, también.
Hay que reconocer que la presencia del doctor Bogantes se vio respaldada por el éxito que tuvieron el taller y el foro realizados en torno al tema, desarrollados durante mañana y tarde en el salón municipal. Sorprendió la concurrencia, tanto en número como en condición ya que excedió los dos centenares de personas entre las que se encontraban técnicos, antiguos pobladores, organizaciones no gubernamentales, legisladores, autoridades y público interesado en el tema. Las exposiciones, en general claras y breves, salieron de lo común y dieron la motivación y teoría necesarias al visitante, quien había accedido en primer lugar a ese reconocimiento sobre el terreno que tanto lo impresionó.
Párrafo aparte para la presencia juvenil, en su mayoría estudiantes de carreras afines, que no solamente escucharon sino prolongaron su interés en preguntas y consultas precisas. A este respecto la Fundación es consciente de que quizás un debate abierto hubiera sido el complemento ideal, pero al planificarse la jornada se tuvo en cuenta que ese aspecto la hubiera extendido a tiempos incompatibles con el mantenimiento de la atención por los concurrentes. La idea quedó latiendo y es considerada como una posibilidad en un futuro mediato.
Finalmente cabe señalar un detalle que no se daba desde hace bastante tiempo: el interés de la prensa extraprovincial. De hecho el diario porteño Página 12 destacó una enviada especial y las emisoras de radio mendocinas tuvieron repetidas entrevistas con Bogantes, evidenciando el interés que había despertado la visita y la índole de la misma. El periodismo local, como siempre, fue consecuente con el tema y lo reflejó profusamente.
Ahora, tras la ida del presidente del Tribunal, solamente queda aguardar la celebración de la audiencia, que se realizará posiblemente en Buenos Aires, a comienzos o mediados del año entrante. Nuestra entidad, conciente de haber cumplido con un deber que le impone su misma esencia fundadora, volverá a trabajar en el aporte necesario para el buen fin de la empresa.


Vericuetos Políticos y Legales en el Despojo del Rio Atuel

La provincia de La Pampa comenzó a perder el río Atuel cuando en 1808 habitantes de la actual provincia de Mendoza desviaron el río Diamante para utilizarlo para regar tierras mendocinas, dejando por lo tanto de tributar sus aguas al Atuel del que era afluente. Posteriormente los pobladores de la provincia cuyana aprovecharon las aguas del Atuel, y simultáneamente con el fin de expandir el riego comenzaron a desviar caudales y cegar cauces. De esa forma el río fue perdiendo caudal, y de los cinco brazos que ingresaban a nuestra provincia quedó solo uno el Arroyo de La Barda.
Para lograr el insólito hecho de apoderarse un río, no solo existió una fuerte voluntad  de sectores mendocinos; colaboró sin duda el hecho de que La Pampa, como territorio nacional, careciera de un gobierno propio ya que los gobernadores eran meros delegados del Poder Ejecutivo ajenos a los intereses del entonces territorio. Esa circunstancia política favoreció el accionar de Mendoza, que se aprovecho para ir progresivamente apropiándose de las aguas para utilizarlas en sus planes de desarrollo. El golpe definitivo para los intereses de La Pampa fue la ley nacional 12.650 que aprobó y financió la construcción del dique El Nihuil, que se inauguró en 1948. A partir de ese momento el río, ya menguado dejó de escurrir por completo durante 25 años, y solo volvió a hacerlo en forma intermitente en años excepcionalmente ricos o en invierno, cuando los cultivos de Mendoza no requieren regadío.
La principal responsabilidad política es entonces del gobierno nacional, que financió y construyo a través de la empresa Agua y Energía la gran represa de El Nihuil.
Un modesto telegrafista policial, ante la penuria de los pobladores pampeanos, envió un telegrama al entonces presidente de la República notificando la gravedad del problema. La reacción fue una resolución de la empresa Agua y Energía (Resol. 50/49) que ordenaba tres sueltas anuales de 7 días cada una, para suministrar agua de bebida y paliar la pérdida de humedales y pastizales. A pesar de la mínima cantidad de agua que significaban estas sueltas,  solo el 2.5% del derrame anual del río,  la provincia cuyana se negó terminantemente ?a perder cualquier caudal, por pequeño que fuera, que pasara aguas abajo con destino al Territorio de La Pampa?. De acuerdo al informe oficial, la pretendida cesión al territorio pampeano hubiera importado dejar de regar apenas 2.100 hectáreas, sobre el total regado por entonces.
La actitud del organismo federal fue totalmente claudicante puesto que la represa era nacional, subordinándose a un dictamen provincial que carecía de evidente jurisdicción. El Estado Nacional no ejerció la necesaria protección de los intereses de la gobernación de La Pampa y sus habitantes.
Corresponde destacar que la totalidad de los informes técnicos existentes en aquella época coincidían en señalar la absoluta carencia de agua aceptable para consumo humano y productivo en el área pampeana del río, y desaconsejaban practicar perforaciones, dadas las características hidrogeológicas. A partir de allí en una actitud inconcebible, todo un arsenal jurídico y metodológico mendocino se volcó a negar la interprovincialidad del río, contradiciendo la postura sostenida por los principales geógrafos e hidrólogos del país. En la década del 80 la provincia de La Pampa inicia un juicio ante la Corte Suprema de Justicia que produjo un fallo que reconoce la interprovincialidad del río y  ?exhorta? a las provincias de Mendoza y La Pampa a celebrar acuerdos bilaterales de cooperación para resolver el prolongado diferendo.
El 7 de noviembre de 1989 los gobernadores de ambas provincias suscribieron el denominado ?Protocolo de Entendimiento Interprovincial? (PEI) en virtud del cual la provincia cuyana se comprometía a suministrar un caudal mínimo de utilidad ecológica con destino al mantenimiento de parte de los vastos humedales que generaba el río, en el sur de Mendoza y norte de La Pampa.
El 14 de diciembre de 1989 se constituyó la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI), entidad que sesionó sin mayor éxito durante 20 años, viéndose limitado su accionar por la insistente negativa mendocina a abordar la cuestión medular del conflicto.
En el año 2007 la Fundación Chadileuvú en conjunto con Alihuén presentaron ante la CSJ una demanda para que cesara el daño ambiental. La Corte desestimó la acción legal sin entrar al fondo de la cuestión (el cese del daño ambiental).
Otro concluyente ejemplo de la actitud negativa mendocina lo constituye el ?Convenio del Atuel? firmado en agosto de 2008 por los mandatarios de las provincias de Mendoza y La Pampa, y suscripto por el Estado Nacional, y en presencia de la Presidenta de la Nación. En virtud de dicho Acuerdo tripartito, altamente beneficioso para la provincia de Mendoza, en tanto La Pampa se comprometió a cofinanciar obras de recupero de caudales en territorio cuyano, los arribeños se obligaron a ceder la mitad de las aguas recuperadas por las nuevas obras, esto es, a derivar hacia La Pampa a caudal constante aproximadamente 5 m3/s. Se acordó que la asistencia financiera brindada por el Gobierno Nacional requería de la ratificación del Convenio por parte de los respectivos Poderes Legislativos provinciales.
La Pampa, cumpliendo con lo pactado,  procedió a ratificarlo hacia fines de 2008 en tanto que Mendoza, fiel a su estrategia de ?no entregar ni una sola gota de agua?, aún no lo convalidó. Al punto que un organismo administrativo provincial, el Departamento de Irrigación, invocando supuestas deficiencias legales contenidas en el Acuerdo, lo continúa reteniendo y rehúsa enviarlo para su ratificación a la Legislatura Provincial.
En suma, tal actitud (omisión) no sólo desmerece el compromiso asumido con la provincia de La Pampa, sino que ridiculiza la participación del propio Gobierno Nacional, que como se dijo, suscribió el Convenio junto a los mandatarios provinciales.
La Fundación Chadileuvú en el año 2011presentó una demanda ante el Tribunal Latinoamericano del Agua con el fin de que se condene al Estado Nacional y a Mendoza a restituir caudales permanentes que pongan fin a la injusta situación. Los fallos de este tribunal internacional no son vinculantes y son de carácter moral, el fin de la demanda es fortificar los reclamos provinciales por la resonancia internacional de los fallos del citado organismo.
Finalmente el Dr.Miguel Palazzani con el patrocinio del Dr. Andrés Gil Domínguez, inició  recientemente un amparo ambiental ante la Corte Suprema de Justicia, la mencionada presentación está en trámite con una opinión favorable de la Procuradoría.


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El presidente del Tribunal Latinoamericano del Agua dijo que estos conflictos si no se solucionan por la vía del diálogo tienden a agravarse y desembocan en crisis de consecuencias imprevisibles.

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Foro por la problemática del Atuel en el Concejo

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