El máximo tribunal de justicia ordenó que en 30 días se determine un caudal mínimo. Pide que haya acuerdos en el manejo de la cuenca y que cesen los litigios.
"Ordenar a las partes que fijen un caudal hídrico apto en el plazo de treinta (30) días para la recomposición del ecosistema afectado en el noroeste de la Provincia de La Pampa". La frase pertenece a la sentencia que acaba de dictar la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el conflicto que mantienen Mendoza y La Pampa por el río Atuel. La decisión implica un cambio en la gestión de ese río. Aunque puede tomarse como una derrota en la estrategia de Mendoza, la misma Corte obliga a que haya acuerdos y a que Mendoza, La Pampa y la Nación financien obras que mitiguen la desertificación y mejoren el uso del agua. En ese sentido, La Pampa había pedido que sea Mendoza quien pague las obras.
La sentencia apunta a buscar acuerdos entre ambas provincias, tras décadas de litigios. Y por eso pide que se pongan en marcha los organismos creados anteriormente para acordar el manejo del Río Atuel y las obras necesarias para regularlo. Pero la clave es que intima a que en un mes haya un acuerdo para garantizar un caudal mínimo de agua que permita la restauración ambiental de una zona La Pampa, particularmente Santa Isabel y sus alrededores. Es justamente uno de los reclamos de la provincia vecina.
En disidencia
La sentencia salió por mayoría, pues hubo un voto en disidencia. Fue el del juez Carlos Rosenkrantz, quien no estuvo de acuerdo con el plazo de un mes para garantizar el caudal a La Pampa.
La decisión llega en un momento complicado, pues se pronostica el octavo año de crisis hídrica en Mendoza y el Sur será una de las zonas más afectadas. Para el Río Atuel se espera un año "pobre", es decir por abajo de la media histórica.
Justamente, fuera de los argumentos particulares, la Corte hace hincapié en los problemas ambientales que enfrentan las comunidades por el cambio climático. En ese sentido explican que el problema no es la "demanda" de agua que pueden tener Mendoza y La Pampa, sino que la oferta es y será cada vez menor. "El problema no está en la demanda de un caudal, sino en la oferta del agua, es decir, de dónde proviene o quién la aporta", explica la sentencia.
La estrategia judicial de Mendoza falló por casi todos lados. Primero no se hizo lugar al pedido para declarar como "cosa juzgada" la causa, basados en la profundidad del problema ambiental y sus efectos. Y ahora obligan a acordar un caudal mínimo.
En lo político, la Corte advierte que es necesario cambiar el eje confrontativo por uno de acuerdos. " En este marco, frente a la existencia de tensiones en las .relaciones interjurisdiccionales, es necesario asumir una percepción conjuntiva o cooperativa, propia de un federalismo de concertación, que supere los enfoques disyuntivos o separatistas", explican.
Por eso, en 120 días La Pampa, La Nación y Mendoza deberán ponerse de acuerdo para elaborar un plan de acción para el manejo del Río Atuel. " Ordenar que las provincias de La Pampa y Mendoza, -43- en forma conjunta con el Estado Nacional, elaboren por intermedio de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (C.I.A.I.) un programa de ejecución de obras que contemple diversas alternativas de solución técnica de las previstas en relación a la problemática del Atuel, como así también los costos de la construcción de las obras respectivas", determinó la Corte.
El proceso judicial incluyó una audiencia pública y varios intentos de conciliación que no llegaron a buen puerto porque el litigio continuó. Ahora la Corte le quita el carácter opcional al acuerdo: en 120 días debe haber un plan de manejo y de obras para mejorar la gestión y garantizar agua del río Atuel para las dos provincias. En ese sentido, para Mendoza hay un dato positivo. Es que esas obras no solo deberán ser financiadas por la provincia como pedía La Pampa, sino que también deben sumarse el distrito demandante y la Nación.-
El Tiempo, San Juan 11/12/2017