Después que Nación transfiriera la segunda remesa de dinero a Mendoza para la construcción de la presa Portezuelo del Viento, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto decidió ampliar la presentación ante la Corte para frenar la obra. “Nunca abandonaremos la lucha por nuestros ríos”, expresó.
El gobernador de la provincia Sergio Ziliotto ordenó ampliar el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de La Nación iniciado el año pasado contra la represa Portezuelo del Viento que Mendoza proyecta construir sobre el río Grande, principal afluente del río Colorado.
El año pasado, La Pampa inició una acción de amparo contra la Nación y la provincia de Mendoza con el fin que se ordene no iniciar la obra Portezuelo del Viento hasta tanto se realice una Evaluación de Impacto Ambiental sobre toda la cuenca del Río Colorado, que respete el derecho de información pública y participación ciudadana y sea aprobado o desaprobado por el COIRCO. Y, de igual forma, ordene se cumpla con lo normado por la Ley 23879 de Obras Hidráulicas.
La ampliación del reclamo pampeano hacia la CSJN, ahora, se sustenta en dos ejes nuevos: En primer lugar, la drástica bajante del caudal del Río Colorado, grave y sin precedentes históricos, que tendrá fuertes consecuencias en toda la cuenca hídrica y, en especial, en el territorio provincial, ya que afecta y seguirá afectando las hectáreas bajo riego, y de continuar, existen grandes posibilidades que afecte la provisión de agua para consumo que se realiza vía Acueducto del Río Colorado.
El segundo es la decisión conjunta, de acuerdo a lo acontecido en el día de la fecha en Villa Casa de Piedra, donde coincidieron el gobernador de la Provincia de La Pampa, Sergio Ziliotto, y la gobernadora de la Provincia de Río Negro, Arabela Carreras, para cerrar filas, y acordar una estrategia unificada ante la crisis hídrica descripta.
Desde el Gobierno Provincial aseguraron que “ante lo que podría considerarse como un traspié para La Pampa el hecho de que el Gobierno Nacional haya decidido depositar más de 13 millones de dólares a la provincia de Mendoza para la construcción de Portezuelo del Viento, no debe soslayarse que el propio Convenio firmado entre Mendoza y la Nación -que origina este pago- condiciona la construcción de dicha obra a la decisión final del COIRCO”.
En la reunión en Casa de Piedra, los mandatarios provinciales decidieron "solicitar al Ministerio del Interior que convoque al Consejo de Gobierno del COIRCO para analizar el impacto de la baja del caudal que afecta al citado río y proponiendo se realice una Evaluación de Impacto Ambiental sobre toda la cuenca del Río Colorado, eje de la presentación pampeana de 2019 que hoy decidió ampliarse".
Ambos mandatarios pudieron observar in situ que la cuenca hídrica del Rio Colorado se encuentra atravesando una situación de emergencia generando una preocupación compartida para ambas provincias como así también para la de Buenos Aires, integrante de la cuenca.
Cabe recordar que de los antecedentes históricos surge que entre el año 2010 al año 2019 se registró una merma en el caudal del río del orden del 30%, que se agrava en 2020, ya que el curso fluvial tendrá casi la mitad de su caudal histórico de la cuenca. Se advirtió además que este año se agotarán las reservas del embalse Casa de Piedra y que el caudal es muy bajo para poder mantener las dotaciones de riego de los últimos años.
Si a lo mencionado se le suma la ejecución de la obra Portezuelo del Viento, que Mendoza pretende manejar de forma unilateral, arbitraria y no consensuada sólo se puede concluir que se pone en riesgo el abastecimiento de agua para toda la población que de ella depende, violándose la prevención y precaución con que debe actuar el Estado y consagrándose el consecuente daño al ambiente que la presentación judicial efectuada por la Provincia pretende evitar.
Estamos en presencia de una merma significativa por cuestiones climáticas de dicho recurso que, entre otras consecuencias, impide el llenado del lago de la Presa Casa de Piedra.
Ésto, junto con la construcción de Portezuelo del Viento, atentará directamente contra el derecho humano al agua y el derecho al ambiente consagrado por el artículo 41 de la Constitución Nacional.
Eldiario.com 30.01.20