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Catástrofe

atuel-cartel-cartel.jpg¿Cuál es la mayor catástrofe ambiental que ha padecido nuestro país? Si esta pregunta se formulara en una encuesta de opinión la mayoría de los argentinos mencionaría términos como: glaciares, bosque natural, Riachuelo, pasteras, pueblos fumigados, megaminería... Muy pocos, fuera de la provincia de La Pampa, nombrarían un río: el Atuel. Sin embargo es el único caso en que una provincia robó un recurso fluvial en perjuicio de otra ocasionando el mayor desastre ambiental en territorio argentino.

Cuando se levantó el complejo de represas Los Nihuiles, en la década de los cuarenta, el Atuel dejó de ingresar al suelo pampeano. El río se cortó de cuajo al no contemplarse siquiera un plan de sueltas periódicas para mitigar los efectos de su ausencia sobre una gran superficie del sur mendocino y el oeste pampeano estimada en unos tres mil kilómetros cuadrados. Esa extensa región fue condenada a convertirse en un desierto al desaparecer un ecosistema fluvial integrado por cinco brazos del río, infinidad de arroyos y lagunas que sustentaban una flora y una fauna muy ricas y poblaciones humanas en pleno desarrollo. Un pasivo ambiental difícil de empardar por otras “hazañas” depredadoras.


La carta que en 1947 un joven policía de Paso de los Algarrobos escribiera al presidente Perón, relatando los efectos devastadores del corte del río, fue tan conmovedora que Agua y Energía ordenó realizar tres sueltas anuales de agua. Mendoza desconoció esa resolución y, sin pagar costo alguno, mantuvo cerradas las compuertas hasta nuestros días. Después de todo, cuando Nación construyó los embalses también se desentendió de la suerte de La Pampa a pesar de que en esos tiempos estaba bajo su tutela como territorio nacional que era y, por lo tanto, sin autonomía política para defenderse de los “hermanos” mendocinos.

La Pampa nunca pudo obtener de Mendoza ni un metro cúbico por segundo de un río que promedia un caudal de 32. Hubo reuniones de gobernadores, de técnicos, comisiones, reclamos y hasta un juicio en la Corte Suprema que en 1987 reconoció el carácter interprovincial del río, pero ninguna instancia logró sensibilizar a los cuyanos. Solo muy esporádicamente, en temporadas hidrológicas muy ricas o en ocasiones de lluvias abundantes, el cauce seco volvió a revivir con la presencia del agua.

Paradoja: La Pampa siempre enfatizó que el corte unilateral del Atuel deja muy mal parada a la Argentina en el plano internacional pues comparte extensas cuencas hidrográficas con Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay. Y en todos los casos ocupa un lugar geográfico análogo al de La Pampa pues está ubicada aguas abajo de esas enormes redes fluviales. Hoy el gobierno argentino le está reclamando a su par boliviano –por un embalse sobre la cuenca del Bermejo– los mismos derechos que se le vienen negando a los pampeanos.

Pero algunas cosas comenzaron a cambiar. La reforma constitucional de 1994 y la nueva legislación ambiental que de ella surgió plantearon un nuevo paradigma y volvieron a darle esperanzas a la provincia que hace siete décadas clama por el río robado. Una nueva demanda del Estado pampeano ante la Corte Suprema está avanzando y despierta expectativas.

En noviembre pasado la Corte (CSJN) ordenó a las dos provincias y a Nación intentar un acuerdo tendiente a establecer un caudal que remedie el daño socioambiental provocado. Y puso un plazo para alcanzarlo: 14 de febrero/18.      La cerrada postura de Mendoza a reconocer los derechos pampeanos viene impidiendo un entendimiento a pesar de que La Pampa, ni por lejos, pide la mitad del caudal sino, en principio, apenas un 15 por ciento. El plazo se agota el 14 de febrero y la falta de acuerdo hace presagiar una decisión del tribunal.

¿Se hará justicia esta vez?

El País     04/02/2018  Sergio Santiesteban *Periodista, exdirector del diario La Arena.

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