"Nos sorprendió esta apertura del juicio arbitral, pero entendemos que nuestra postura tiene muchos argumentos técnicos y jurídicos", aseguró la fiscal de Estado de La Pampa, Romina Schmidt, en rechazo a la decisión del ministro del Interior, Wado de Pedro.
A partir de la decisión del ministro del Interior, Wado de Pedro de habilitar el laudo presidencial sobre Portezuelo del Viento, La Pampa ya trabaja en los fundamentos jurídicos y técnicos que deberá presentar antes del 7 de abril. Por un lado, argumentará que los plazos que tenía Mendoza para pedir el juicio arbitral están vencidos, y por otro, insistirá en la inviabilidad de la represa porque no tiene realizada la Evaluación de Impacto Ambiental de toda la cuenca y la crisis hídrica.
En los próximos meses, el presidente Alberto Fernández debe determinar la validez o no del Acta 73 del año 2020 del Consejo de Gobierno del COIRCO, donde 4 gobernadores (La Pampa, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires) decidieron la realización de un estudio de impacto ambiental en toda la cuenca para autorizar la represa Portezuelo del Viento, que Mendoza pretende construir sobre el río Grande, principal afluente del río Colorado.
La fiscal de Estado de La Pampa, Romina Schmitd le dijo a El Diario que "a partir de esta decisión de de Pedro, se abre una nueva etapa que va a dilatar aún más los tiempos. Es una etapa que consideramos que estaba terminada porque se vencieron todos los plazos establecidos en el estatuto de COIRCO para pedir el impulso de juicio arbitral. Mendoza lo pide dos años más tarde y el Ministro del Interior, en vez de rechazarlo ´in limine´, lo abrió. Ahora, corre un plazo de 15 días hábiles para fundamentar. Por un lado, vamos a fundamentar en esta preclusión porque el Acta 73 está firme; y por otro lado, vamos a fundamentar en la cuestión técnica de la inviabilidad ambiental de Portezuelo, sobre todo hasta que no se haga una Evaluación de Impacto Ambiental. Además, está la cuestión de la crisis hídrica que se agrava día a día". Schmidt comentó que uno de los fundamentos de La Pampa para oponerse a la decisión del ministro, como presidente del Consejo de Gobierno del COIRCO, es lo que dice el estatuto del organismo de cuenca sobre los plazos para impulsar el juicio arbitral (laudo). "Además, Wado de Pedro creó, a través de una nota, una comisión interdisciplinaria, integrada por varios ministerios, para generar los términos de referencia para la Evaluación de Impacto Ambiental establecida por la mayoría de los gobernadores en el Acta 73. O sea, si decimos que vamos a hacer el estudio de impacto ambiental que establece el Acta 73 es que estamos otorgándole una validez a ese acta", analizó. Agregó que "en diciembre pasado, cuando Mendoza presentó un nota para que se resuelva el laudo, Wado de Pedro contestó que no había ningún pedido formal de laudo, que debían impulsarlo. Esto demuestra que los plazos están vencidos porque él mismo dice que no hay ningún pedido formal de laudo. Estamos controvirtiendo un acta firmada en 2020. Ahora, pasaron 2 años y cualquier principio general de derecho dice que todo proceso tiene plazos. El fin de esos plazos es darle garantía a las partes de que precluyan ciertas etapas y tengamos un derecho firme, un acta firme, sino son procesos interminables que siempre van a quedar abierto, sujetos para que una parte se le ocurra instarlos y eso no tiene sentido lógico ni razonable". La fiscal mencionó también el argumento de "la crisis hídrica que se agrava en el río Colorado, lo cual demuestra día a día que no es oportuno realizar una obra de almacenamiento tan grande como Portezuelo cuando no hay agua". "Entendemos que con todos los fundamentos que hay en contra de Portezuelo, que no hay un estudio de impacto ambiental, el Presidente debería laudar a favor de estas cuatro provincias que están diciendo: vamos a cuidar el ambiente y, primero, veamos si Portezuelo es viable", aseguró. Para finalizar, dijo que "la posición de La Pampa sigue siento la misma. Nos sorprendió esta apertura del juicio arbitral pero entendemos que nuestra postura tiene muchos argumentos técnicos y jurídicos, avalados por el derecho y el derecho ambiental", cerró.
Plazos para pedir el laudo La Pampa sostiene que los plazos para solicitar el laudo presidencial se vencieron. De acuerdo al Estatuto del COIRCO, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez debió iniciar ese proceso a mediados de 2020, después de la reunión del Consejo de Gobierno, donde los gobernadores de cuatro provincias (La Pampa, Neuquén, Buenos Aires y Río Negro) exigieron un estudio de impacto ambiental de toda la cuenca para aprobar la obra. Esto quedó plasmado en el Acta 73 del 26 de junio del 2020. Desde esa fecha, Mendoza tenía un plazos legales que cumplir y no lo hizo. Según el reglamento interno del Estatuto del COIRCO, en el Capítulo V de la solución de los diferendos, cuando las provincias no se ponen de acuerdo en los temas, el Consejo de Gobierno tiene que resolverlas "dentro de un plazo máximo de 60 días... que podrá prorrogarlos por única vez por otros 30 días". En caso de seguir el desacuerdo, el Consejo de Gobierno debe llamar a "juicio arbitral" en el plazo de 15 días. El árbitro es el presidente.
Plazos para resolver el laudo El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez presentó el 21 de febrero el pedido de laudo por Portezuelo. Con la apertura del juicio arbitral decidida por Wado de Pedro, una fecha clave es el 7 de abril. Ese día vencen los 15 días hábiles previstos por la normativa del Coirco, y establecidos por De Pedro en la notificación, para que las provincias integrantes del comité fundamenten sus posiciones. Luego, de Pedro girará la documentación al presidente Alberto Fernández para que resuelva. El artículo 29 del estatuto del Coirco, es muy claro con respecto a la cantidad de días hábiles. El árbitro (el Presidente) tendrá 30 días "para recabar las informaciones y antecedentes, y en general, para realizar toda diligencia que considere necesaria para mejor proveer". Vencido dicho término, deberá laudar dentro de los 30 días siguientes, pudiendo ampliar los plazos antes establecidos, dentro de los 30 días siguientes, mediante decisión fundada. De cumplirse con esos plazos, el Presidente tendrá hasta el mes de agosto para definir.
Números de Portezuelo Portezuelo es una obra planificada para regular el río Grande, que afectará el río Colorado, ya que es su principal afluente. El financiamiento está asegurado por la Nación, pues es en resarcimiento de los perjuicios de la promoción industrial. En total son 1023 millones de dólares producto del convenio firmado por Mauricio Macri y Alfredo Cornejo. Mendoza avanzó con la licitación de la obra, sin tener el visto bueno del Coirco. A ese proceso se presentó una sola empresa a la que el gobernador Rodolfo Suárez se la quiere adjudicar. Se trata del consorcio empresarial Malal Hue, integrado por la china Sinohydro y las argentinas Impsa, Ceosa y Obras Andinas.
La obra fue proyectada hace más de 40 años. Consiste en una represa de 178 metros de altura y una central hidroeléctrica asociada con una potencia instalada de 210 MW que, según el gobierno de Mendoza. Pero debido al cambio climático y la crisis hídrica, los caudales están en baja, lo cual hará que tarde años en llenarse la represa, incluso tornando inviable la producción energética que pretenden. Para poner un ejemplo, el río Grande tenía una media anual histórica de 104 m3/s de caudal y ahora tiene unos 40 m3/s.
El Diario 17-03-22
El proyecto minero Potasio Río Colorado está asentado en el paraje "Pata Mora", muy cerca del límite con Neuquén, y a unos 300 kilómetros de la ciudad de Malargüe. Básicamente, la explotación se realiza por disolución, un método que consiste en inyectar agua a elevada temperatura sobre la capa de sales para disolverlas y luego extraerlas mediante bombeo. Luego del secado se obtienen una mezcla de cristales minerales que pasa al proceso final de separación y purificación. Su único residuo son cristales de cloruro de sodio, que podrían reinyectarse en las cavidades subterráneas.
