Atuel: sin ánimo de conciliar, Mendoza se negó a devolver a La Pampa el río robado

b_300_200_16777215_00_images_2016_atuel--00--00--00.jpgLorenzetti y sus ministros quisieron saber qué hizo Mendoza para cumplir con la interprovincialidad del río que esa misma Corte dictó en 1987, y no encontraron respuestas claras. No hubo conciliación ya que cada parte defendió su posición a rajatabla.

La audiencia de conciliación por el río Atuel realizada ayer en la Corte Suprema de Justicia dejó una sensación de satisfacción en las autoridades pampeanas, porque las exposiciones de sus representantes dejaron en claro cuál es el reclamo que sustenta la demanda iniciada en el año 2014. Para Mendoza, el encuentro no fue positivo. Sus abogados no pudieron responder a los jueces, que preguntaron insistentemente qué significa que un río sea interprovincial y por qué no han dado pasos en pos de ese objetivo. El papel de Nación fue lamentable.


Las caras exultantes del gobernador Carlos Verna, el fiscal José Alejandro Vanini, los abogados del Estudio Badeni, y los restantes funcionarios pampeanos que concurrieron a la Corte, y los rostros largos y adustos de sus contrapartes mendocinas, reflejaron con justeza la sensación con que cada parte se retiró de la sala principal de la Corte Suprema.

El encuentro comenzó unos minutos después de las 10 y se extendió hasta las 15. A diferencia de la previsión inicial, la audiencia comenzó con la exposición de los amigos de la Corte y siguió con las delegaciones provinciales.

Amicus Curiae.
Esta primera parte fue rápida y expeditiva. Comenzó Juan Vicente Sola, del Centro de Estudios de Derecho y Economía de la UBA que hizo un análisis económico favorable a Mendoza. Siguieron Beatriz Dillon y Jorge Scarone, que en nombre de la UNLPam formularon una sólida argumentación del daño social producido por el corte del río en el oeste pampeano.

Después fue el turno de Miguel Mathus Escorihuela, vicerrector de la Universidad de Mendoza, que hizo un discurso de batalla, patotero por momentos, en el que expuso lisa y llanamente que el río es de Mendoza y que esa provincia tiene todos los derechos sobre el mismo.

La exposición de Carlos Schulz, geólogo pampeano, también fue muy sólida: se fundó en el concepto de la “unidad de cuenca” y la obligación del manejo compartido de la misma.

Carlos Campú, gobernador de la Nación Ranquel, habló desde lo emocional contando su vida junto a un río que no está; Sergio Marinelli, superintendente del Departamento General de Irrigación, detalló cómo es el manejo del agua, cuántas hectáreas se riegan y dio porcentajes poco creíbles de eficiencia de riego; Pedro Coria, otro lonko pampeano, habló de la cosmovisión ranquel de la tierra, la naturaleza y el río, y finalmente, Carlos Achetoni, de los regantes de Alvear, dio un discurso de tono sentido en el que planteó que por cada metro cúbico de agua que le saquen a Mendoza, cientos de familias quedaran en la calle.

Aciertos pampeanos.
Tras los “amigos del tribunal” fue el turno de las provincias. Empezó La Pampa, en su condición de demandante, con un video con imágenes del oeste pampeano, testimonios de pobladores y de conocidos especialistas.

El abogado Gregorio Badeni y el fiscal José Alejandro Vanini comenzaron a exponer las razones de la demanda, cuando fueron interrumpidos por Ricardo Lorenzetti, quien les dijo que ya conocían esos planteos así que iban a hacer algunas preguntas puntuales.

Comenzó Elena Highton, quien fue directo al grano: “¿Cuánto caudal piden ustedes?”. Vanini recordó el estudio de la UNLPam y le señaló que el escenario de mínima aconseja 4,5 metros cúbicos por segundo.

El fiscal remarcó que Mendoza está en condiciones de satisfacer el requerimiento pampeano y enfatizó que el fundamento es el derecho humano al agua y al ambiente, en contraste con Mendoza que solo ve su utilidad económica.

Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz centraron sus consultas en la desertización y en saber si La Pampa ha estudiado otras fuentes para paliar ese déficit hídrico. Por un momento quedó la sensación de que los jueces sintonizaban el discurso mendocino del trasvase del río, máxime cuando Lorenzetti dijo que “el agua es poca para todos”.

Verna cerró la presentación pampeana con un fuerte discurso (ver página 12) y llamó a los jueces a corregir la injusticia que sufre La Pampa desde el corte del Atuel.

Reveses mendocinos.
Por Mendoza hizo una primera intervención el gobernador Alfredo Cornejo, quien sostuvo que La Pampa insiste en negar el fallo del año 1987 y se empecina en quitarle agua a su provincia cuando la que tiene ni siquiera le alcanza.

Los abogados mendocinos Fernando Simón (fiscal de Estado) y Alberto Bianchi, patrocinante, empezaron con el pie izquierdo. Es que el primer juez en preguntarles, Horacio Rosatti, les pasó factura por su pedido de excepción que decía que la Corte no tenía jurisdicción para tomar un caso basado en derecho ambiental. Tras Rosatti, Maqueda y Lorenzetti le explicaron a los mendocinos en qué consiste la “competencia dirimente” que tiene asignada la Corte y que corresponde aplicar en casos como este.

Después fue Maqueda el que los encerró con un argumento muy simple: por qué se oponen a que Nación integre un hipotético comité de cuenca del Atuel, mientras que aceptan que lo haga en el Coirco. El argumento de Simón de que los contextos históricos son diferentes no convenció al magistrado, que insistió en que no entendía esa postura “contradictoria”.

Después fue Lorenzetti el que acorraló a Simón, a Bianchi, a otro abogado de apellido Pintos y un cuarto que, sin estar autorizado y ante la falta de respuestas claras de sus colegas, se subió al pequeño estrado, y endilgó a La Pampa una supuesta falta de obras. Esta situación dejó en claro el nerviosismo de la delegación mendocina.

Interprovincial.
Lorenzetti planteó un aspecto central: Mendoza basó su estrategia defensiva en aferrarse al fallo de 1987 que le concede la prioridad para regar 75.000 hectáreas, pero ese fallo dice, en su primer punto, que el río es “interprovincial”, que es el eje del planteo pampeano. “¿Qué entiende usted en la práctica por interprovincial?”, le preguntó a Simón, quien no pudo dar respuestas claras, como tampoco Bianchi.

Lorenzetti pidió en un par de oportunidades ejemplos “concretos” de ese carácter interprovincial y, sobre llovido mojado, se preguntó por qué si Mendoza acepta esa interprovincialidad, como tantas veces expuso, se niega a formar un comité de cuenca para acordar la forma de usar el recurso. Otro golpe duro para la delegación mendocina, que no tuvo respuestas claras.

Maqueda fue el último en usar la palabra y también le tiró al corazón de la argumentación mendocina. Preguntó cuánto reconocía oficialmente Mendoza como eficiencia de riego, a lo que un joven técnico respondió que un 43% en promedio, un 50% en algunos casos, y señaló a esa provincia como la más eficiente del país. Todo ello, con datos de un informe de la ONU del año pasado.

Sorprendido, Maqueda le señaló que otro informe, del propio gobierno de Mendoza, daba para el año 2011 una eficiencia de riego de solo el 29 por ciento. “¿En tan pocos años lograron semejante mejoría?”, le preguntó al técnico con evidente tono irónico. El técnico respondió que sí y que tenía que ver con la aplicación de riego presurizado en muchas fincas. La respuesta sonó poco creíble.

Papelón de Nación.
La última en exponer fue la Nación, que poco y nada aportó y dejó una desagradable sensación en los presentes. Es que el subsecretario de Recursos Hídricos, Pablo Bereciartúa, estuvo en la sala hasta diez minutos antes de su turno, y se retiró sin hacer su exposición (ver página 11). En lugar del funcionario tomó su lugar una funcionaria del Ministerio de Energía y Minería, quien no pudo responder ninguna de las preguntas de los jueces. Entonces, los jueces le pidieron que dejara el estrado y dieron por concluida la intervención de Nación, y la audiencia en sí.

Pampeanos en la Corte
Justicilistas. Integrantes del bloque de diputados provinciales del PJ, como Ariel Rauschenberger y Roberto Robledo, estuvieron presentes en la audiencia “Desde el Poder Legislativo debemos continuar por esta senda, no bajar los brazos y seguir esta lucha, que no termina”, señalaron los legisladores.

Ministros. Los cinco ministros del Superior Tribunal de Justicia estuvieron ayer presentes en la audiencia. En respuesta a una invitación oficial, el presidente del cuerpo, Hugo Oscar Díaz, observó la audiencia en la sala principal, mientras que los restantes ministros siguieron las exposiciones desde un salón contiguo.

Macristas. El diputado nacional Martín Maquieyra, el secretario de Deportes Javier Mac Allister y la diputada provincial Josefina Díaz también participaron de la audiencia. “Quedó muy claro que el río Atuel también es pampeano, pero solo es aprovechado por la provincia de Mendoza”, destacó Mac Allister.

Verna: “A La Pampa le robaron el Atuel”
Cuando concluyó la alocución del fiscal de Estado, Alejandro Vanini, fue el turno del gobernador Carlos Verna. El mandatario inició su presentación respondiendo dos preguntas que segundos antes le habían hecho al fiscal. La primera había estado a cargo del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti: “Usted preguntó presidente si había soluciones dentro de la cuenca, si las hay, entre el Sosneado y el acceso a Los Nihuiles se pierden 15 metros cúbicos por segundo. Si se impermeabiliza esa zona hay agua para todos”.

Luego respondió a otra que había formulado el ministro Carlos Maqueda. “Usted preguntó doctor Maqueda si la inundación de La Pampa había sido producto de la apertura de Carmensa. No, el último dique ‘Valle Grande’ rebalsó en donde está el vertedero, y Mendoza no nos avisó que se iba llegando al punto de rebalse. Eso demuestra no solo falta de colaboración, sino que es mentira lo que dijeron, de que hay buena voluntad, no hay buena voluntad, cuando faltaban 50 centímetros nos hubieran dicho cuántos centímetros sube por día y nosotros hubiésemos tomado las previsiones del caso”, acusó.

Añadió luego que el río era divagante, producto de permanecer por años seco, o por meses seco. “La arena con el viento cubre el curso y el río divaga por nuevos lugares, entonces hay que estar preparado para la creciente y eso Mendoza ni nos anticipa. Es consecuencia de la no existencia de un Comité de Cuenca”, agregó.

Luego hizo una aclaración respecto de la eficiencia de riego, uno de los temas más mencionados por las partes: “Preguntan si se puede aumentar, ellos mismo lo dijeron, dijeron que tienen 5.000 hectáreas con riego presurizado en 54.000 que declararon, es la cuenca del país con más baja eficiencia de riego porque no tiene riego presurizado, no hay aspersión, no hay riego por goteo, hay sólo 5.000 en 50.000. Si regasen las 50.000 con riego presurizado, habría agua para llegar a más hectáreas en Mendoza y habría agua para La Pampa”.

Derechos violados.
Luego, el gobernador se metió de lleno en el texto que tenía preparado. Sostuvo que el de ayer no era un día más para los pampeanos y que nuestra tierra había sufrido mucho por el avance impiadoso del desierto sobre el oeste. “Han tratado de desalentarnos. Nos fueron empujando al éxodo. Y sin embargo, después de un largo camino de lucha con la misión de hacernos escuchar, llegamos a este momento trascendente, en el que por fin estamos ante la competencia de esta Corte, dispuestos a encontrar una solución a décadas de despojo, de tristeza, de empobrecimiento”, dijo.

Aseguró que no solo hablaba como gobernador sino como un ciudadano más de la provincia que vio transcurrir su vida sabiendo que los derechos de La Pampa fueron violados. “Venimos denunciando y luchando; luchando y trabajando; trabajando con la esperanza de recuperar lo que nos robaron. Confiando en un acto de justicia que nos devuelva nuestro río Atuel”, añadió. Remarcó que para La Pampa era un tema de Estado y destacó, en ese sentido, la presencia en la sala de audiencias de los ex gobernadores Rubén Marín y Oscar Mario Jorge.

“Vengo sin resquemor alguno, vengo con motivación y con fe a afirmarle a este excelentísimo Tribunal que a La Pampa le robaron un río, le robaron el río Atuel”, siguió. Aseguróque La Pampa, que por muchos años fue un territorio nacional, fue construida con los retazos que otras provincias no quisieron. “Queda claro que a los pampeanos, además de territorio, nos quitaron un río; en lo que ha significado el despojo que ocasionó una catástrofe ambiental; además del profundísimo daño social, productivo y emocional, que sufrieron los pobladores del oeste pampeano. Esta catástrofe ambiental, antrópica, causada por el hombre, en un hecho sin parangón en toda la extensión del territorio nacional”, definió.

Condenada al desierto.
Dijo que el oeste pampeano había sido condenado a la marginalidad de un vasto desierto por la provincia de Mendoza, con la anuencia del Estado Nacional. Y que a la angustia de perder el río, se sumaba la imprevisibilidad de no contar con la más mínima información sobre su manejo por parte de la provincia demandada, situación que impide, al menos, saber cuándo va a tener agua corriendo, su cantidad, su calidad, o por cuánto tiempo el cauce va a estar interrumpido y seco.

“Así, es imposible proyectar políticas de Estado de mediano y largo plazo. El daño ambiental que existe actualmente solo puede ser mitigado o recompuesto con agua potable de calidad, corriendo constante desde la alta cuenca, sin uso previo, es decir, no aceptamos agua de reuso, lo que hoy llega a La Pampa es lo que corre de la napa freática, de la tierra salinizada, que salinizaron quienes riegan por manto. Eso es necesario para volver a darle vida a ese cauce y reparar el daño ecológico ocasionado”, afirmó.

Comité de cuenca.
Verna recordó que la propia Corte, en el fallo de 1987, había determinado que el río Atuel era interprovincial. “Por eso se torna fundamental e ineludible la creación de un Comité de Cuenca, para que las provincias condóminas tomemos, en forma conjunta, todas las decisiones referidas al manejo de estas aguas, cogobernando un recurso natural que debe ser indiscutiblemente compartido”, planteó.

En los últimos tramos de su discurso, el gobernador afirmó que los pampeanos habían llegado a la Corte para defender sus derechos y el derecho humano de acceso al agua potable que le fue negado a los pobladores del oeste. “Confiamos en la intervención de esta Excelentísima Corte para llegar a una solución que satisfaga las pretensiones de La Pampa, resolviendo el conflicto sistémico ante el que nos encontramos. Teniendo como meta la preservación y recomposición del ambiente que nos pertenece a todos como habitantes de la República Argentina, y que desnuda la degradación que sufre La Pampa, por el uso indiscriminado que ha hecho Mendoza del río Atuel, transformando nuestros humedales en desiertos. En efecto, Mendoza para regar 44.000 hectáreas ha generado en La Pampa un desierto de 1.500.000 hectáreas, provocando la diáspora de los habitantes pampeanos asentados en la cuenca del río Atuel, el río, señores jueces, que nos fue robado”, concluyó.

Una defensa desde el TdeC
También en la reunión anual del Consejo Directivo del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas del país, quedó plasmada la posición del organismo pampeano “en defensa del río Atuel, bregando por el uso compartido del curso de agua, y solicitando a la provincia de Mendoza se avenga al diálogo con el gobierno de La Pampa para la solución del diferendo, todo lo cual quedó plasmado en el acta de la reunión”.

Fue cuando los días 29, 30 y 31 de marzo pasado, los miembros del Tribunal de Cuentas de La Pampa, su presidenta María Alejandra Mac Allister, y los vocales Francisco García y José Carlos Moslares, participaron de aquel encuentro.

Se informó que se consideró un amplio temario, el que incluyó entre otros varios, un análisis de la Situación institucional de los Tribunales de Cuentas, la Red Federal de Control Público, el Instituto de Estudios Técnicos e Investigaciones y del Sitio Web del Secretariado Permanente y Revista El Control Público.-

La Arena    15/06/2017

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